Este fin de semana se conocieron informes de instituciones especializadas que confirman los rasgos destacados del modelo de administración de recursos públicos impuestos por el gobierno libertario. Se mantiene el estricto control sobre el gasto público y el esquema de ingresos basado en la reducción de la carga impositiva sobre sectores de mayor poder económico. Un punto de conflicto que se sostiene es la relación financiera con las provincias, que no ven cambios sustanciales en la distribución y volumen de los recursos.
También pende sobre la tarea a encarar la duda sobre la vocación política del Ejecutivo de someter a la discusión de ambas cámaras la propuesta que el presidente Javier Milei presentara en la noche del 15 de setiembre pasado. Es lo que sucedió en 2024, cuando intempestivamente la Comisión de Hacienda y Presupuesto canceló sus reuniones y se optó por disponer una segunda prórroga del último presupuesto aprobado, que es el de 2023.
La sospecha no es un exceso de prurito de la oposición y no solo por lo ya ocurrido. Voceros del oficialismo están dejando trascender que las reuniones informativas que convocará la comisión que preside el mileista José Luis Espert contarán con la participación de funcionarios de segunda línea del área económica y no con la del titular de esa cartera Luis Caputo ni del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Mientras estos aspectos van dilucidándose, avanza el análisis de la propuesta del gobierno de la Libertad Avanza que, más allá de la razonabilidad de su contenido, abunda en restricciones sobre las demandas de los gobiernos provinciales, que cargan el peso de la atención de los principales servicios que presta el Estado, como lo son salud y educación.
El informe de la Asociación Argentina de Presupuesto confirma que hay una previsión de mayor gasto, que no llega a los 6 puntos respecto de las partidas hasta ahora aprobadas para este año fiscal. Los incrementos anunciados por el mandatario nacional para los jubilados, la salud y el financiamiento universitario están volcados en las planillas de egresos pero resultan insuficientes respecto de las inversiones que se están requiriendo. Además, hay áreas como las de obras públicas, que siguen siendo relegadas pese a su impacto social y económico.
Para tener un ideas precisa respecto del aumento de un poco más del 5% en los haberes jubilatorios, el informe de ASAP señala que deriva de la aplicación de la fórmula de movilidad -de ajuste por inflación- pero no prevé aumento del bono con el que se complementa el mínimo de esos ingresos. Es así que la partida destinada al sector pasivo no sólo no aumenta sino que tiene un derrumbe real del 13.5%. Otras partidas sociales, como las asignaciones familiares, también tendrán notorias reducciones, al igual que los subsidios destinados a servicios públicos; en ese orden, debe aguardarse un impacto sostenido de las mayores tarifas que se aplicarán.
En tanto, no hay expectativas de la presencia del Estado en la resolución de necesidades sociales notorias, como lo son las viviendas y los servicios de saneamiento. Tampoco se observa la recepción de los reclamos sobre una distribución adecuada de los recursos coparticipables.
Si no hay una negociación equilibrada en torno del presupue
sto, las provincias deberán prepararse para contener los reclamos que pueden configurar un panorama de conflictividad social.
Salta, 22 de setiembre de 2025
