Ivana Chañi
El fiscal de Estado de Salta, Agustín Pérez Alsina, abordó la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se restituyan las pensiones por invalidez que fueron suspendidas por el gobierno nacional.
“Pedimos que las pensiones se mantengan mientras se hacen las auditorías y no al revés, porque mucha gente que realmente las necesita quedó sin cobertura”, explicó en declaraciones a Aries.
El funcionario recordó que, a diferencia de Catamarca y Formosa, que obtuvieron fallos favorables de la Justicia Federal a través de asociaciones civiles, las provincias deben acudir directamente a la Corte en competencia originaria cuando demandan al Estado nacional.
“La presentación ya se hizo hace una semana. Solicitamos también una medida cautelar para que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, se restituyan las pensiones”, detalló Pérez Alsina.
El fiscal señaló que Salta reclamó por todos los beneficiarios afectados en la provincia, aunque los números no son precisos. “En los informes preliminares se hablaba de unos 140 casos, pero no tenemos un relevamiento detallado”, dijo.
Respecto de la situación de las familias, recomendó acudir a asociaciones civiles o a la Defensoría del Pueblo, que también evalúa acciones judiciales en representación de los damnificados.
Pérez Alsina cuestionó la forma en que Nación procedió con las notificaciones: “Mandaron cerca de un millón de cartas documentos en todo el país y menos del 50% llegó a destino. No se puede suspender una pensión solo con una carta enviada a un domicilio que muchas veces ni siquiera está actualizado”.
Finalmente, consideró que la Corte debería dar una respuesta rápida. “Estamos ante un tema muy delicado y sensible. Lo ideal sería que al menos se dicte una cautelar y luego se resuelva el fondo”, concluyó.
