Uruguay se encamina a legalizar la eutanasia con amplio respaldo político

Después de que el proyecto de regulación de la eutanasia haya fracasado en el gobierno anterior, el Parlamento uruguayo se encamina a aprobar una ley que establece una serie de pasos para ese procedimiento médico. El oficialista Frente Amplio respalda una iniciativa, que también recibe el apoyo de legisladores de los opositores Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, por lo que el texto será aprobado.

La propuesta busca “regular y garantizar el derecho a las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y recibir asistencia para hacerlo”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

La comisión que trata el tema en la Cámara de Diputados había previsto votar el proyecto el próximo 16 de julio, pero finalmente la fecha definitiva será el 5 de agosto. El motivo de la postergación fue que el senador colorado Pedro Bordaberry pidió hacer algunos aportes a incorporar al texto, que son modificaciones legales que no cambian el “espíritu” de la normativa. Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.

“Quiere acercar algunas nuevas propuestas y por eso se acordó entre el conjunto de las bancadas atender las propuestas del senador de Vamos Uruguay, estudiarlas, pero darle un plazo perentorio porque hace meses que se viene tratando”, informó Valdomir, este martes en una rueda de prensa.

El 5 de agosto se le dará un “trámite definitivo” al proyecto de ley. “Están los votos”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados.

Después de su aprobación en esa cámara, el texto pasará al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría –a diferencia de lo que ocurre en Diputados, donde tiene que conseguir dos votos por fuera del partido para que sus iniciativas prosperen.

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Si el proyecto se convierte en ley, la eutanasia podrá aplicarse en determinadas circunstancias. Las personas que podrían acceder serían las mayores de edad aptas psíquicamente, que padecen una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida”. El proyecto está pensado para aquellas personas que tienen sufrimientos “insoportables” y apunta a que tengan una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.

El procedimiento para aplicar la eutanasia es de ocho etapas. La iniciativa debe surgir de un paciente, que se lo tiene que expresar personalmente a un médico. Luego de la evaluación de un primer profesional, es necesaria una segunda opinión médica, de un doctor que no tenga vínculos con el primero que lo vio. Después de esta instancia, habrá una segunda entrevista con el paciente para que ratifique su disposición y luego una fase para expresar su “última voluntad”. Luego de eso, el médico actuante procederá a cumplirla.

Las otra etapas son formalidades para darle más garantías a este proceso. Primero se le debe comunicar al Ministerio de Salud Pública y, si en este organismo entienden que el médico se apartó del proceso, se le comunicará a la Fiscalía General de la Nación.

El paciente se puede arrepentir de someterse al proceso en cualquier momento.

La exposición de motivos argumenta que el proyecto incluye opciones para el “ejercicio de la libertad fundamental de las personas a determinar su proyecto de vida” y a “ejercer la autonomía sobre sus cuerpos”. Sostiene que lo que pretenden es que cada uno pueda decidir “sobre su propio destino” y “evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal”.

La exposición de motivos agrega que también se establecen “garantías concretas” para los pacientes, médicos y otros actores que están involucrados en este proceso. “Estas buscan asegurar la libertad, la dignidad, la ausencia de presiones de cualquier tipo, la calidad e igualdad en los procedimientos y la seguridad jurídica”, argumentan los promotores de la reglamentación.

Con información de Infobae