Cuatro fondos acreedores de la deuda argentina se presentaron ante la jueza que instruye la demanda colectiva –“class action”- contra el “empresario” Hayden Mark Davis y otros protagonistas del caso.
Política04/07/2025
Pidieron acceso al expediente y, llegado el caso, quedarse con una tajada de los fondos que ya fueron embargados en el pleito.
Se trata de un grupo de acreedores que integran la demanda conocida como “Palladian Partners LLP” contra el Estado argentino en Londres, donde obtuvieron una sentencia favorable por más de US$1500 millones, pero que desde entonces no han logrado cobrar sus acreencias, lo que han intentado por distintas vías.
Representados por el abogado David Orta, del reconocido estudio norteamericano Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, los acreedores le pidieron a la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, que los habilitara, por ejemplo, a presenciar una audiencia en la que Davis y su abogado participaron esta semana.
Según explicó Orta en su presentación, la presunción es que los fondos bajo la lupa en el “caso $LIBRA” podrían resultar embargables y ejecutables por los acreedores del Estado nacional.
¿Por qué? Porque el propio Davis afirmó que tenía el control sobre US$ 100 millones que que eran “de la Argentina”, en una de las entrevistas que concedió en las horas que siguieron al escandaloso lanzamiento de la criptomoneda.
Durante esa entrevista, además, Davis se definió a sí mismo como “asesor” del presidente Javier Milei, quien confirmó la cercanía con el estadounidense. En un tuit de fines de enero pasado sostuvo que el “empresario” lo estaba “asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.
Tras el colapso de la “memecoin”, Davis fue más lejos. Se presentó como “custodio” de los US$100 millones que retiró del proyecto $LIBRA e insistió que le pertenecían al gobierno argentino. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol”, arguyó Davis.
Con esos y otros antecedentes públicos, el abogado de “Palladian Partners LLP” se presentó en Nueva York. “Dada la presunción de acceso y el interés de los reclamantes [en alusión a sus clientes] en los activos congelados, respetuosamente pedimos autorización para observar las actuaciones”, requirió Dorta.
El letrado cuenta ya con una sentencia firme a favor de los acreedores en el Reino Unido, donde la Corte Suprema rechazó la apelación del Estado nacional en octubre pasado. Le dio así la razón a cuatro fondos de inversión –Palladian Partners, HNK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emeral International- que controlan el 48% de los títulos soberanos vinculados al crecimiento del PBI que la Argentina emitió entre 2005 y 2010.
Esos fondos iniciaron su demanda cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, durante la presidencia de Cristina Kirchner, modificó en 2014 la base del cálculo del nivel de la economía –en un intento por subsanar la manipulación de las estadísticas del Indec por Guillermo Moreno-, lo que provocó que el rendimiento real de esos títulos de la deuda resultara inferior, causándoles perjuicios multimillonarios.
Ahora, con la presentación de los acreedores de la Argentina en Nueva York, la resolución del escándalo parece sumar un grado más de complicación. Incluye una denuncia en España, una investigación criminal en los tribunales federales de Comodoro Py y una comisión investigadora que no termina de conformarse en el Congreso por presión del oficialismo, una “class action” en el Distrito Federal Sur de Manhattan, y una investigación que, por lo bajo, continúa abierta en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Nación
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