
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.
Los acusados habrían tenido diferentes actuaciones en el registro de casi 57 mil litros de vino de propiedad de una sociedad anónima que había vendido su porción minoritaria del inmueble que destinaban a producción vínica.
Judiciales24/06/2025La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a un hombre de 48 años y una mujer de 47, por la presunta comisión de los delitos de retención indebida y defraudación por supresión, en calidad de autor y partícipe primario, respectivamente. También fue imputado un hombre de 65 años, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autor.
La denuncia fue radicada por el apoderado de una sociedad anónima que explotaba una finca vitivinícola ubicada en el departamento Cafayate. En el predio funcionaba una bodega destinada a la producción y fraccionamiento de vinos, registrada ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Según lo denunciado, la sociedad vendió en distintas etapas porciones del inmueble al principal acusado, quien, tras una serie de operaciones celebradas entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, pasó a ser titular del 98,85 % del catastro. La bodega, sin embargo, seguía siendo utilizada por la firma, que conservó el 1,15 % restante durante aproximadamente dos años, periodo en el cual continuó elaborando vino propio y de terceros, conforme a la normativa vigente.
Transcurrido ese tiempo, la sociedad vendió el porcentaje remanente al mismo comprador, mediante escritura. Al momento de concretarse la operación, permanecían almacenados en la bodega cerca de 57.000 litros de vino, propiedad de la firma y de terceros, correctamente registrados ante el INV con sus datos de cosecha, viñedos y varietales.
De acuerdo con la denuncia, el acusado tenía pleno conocimiento de esa situación y del compromiso asumido para permitir el retiro del vino, pero se habría negado a entregarlo, alegando que, al haber adquirido el inmueble rural, también se le transfería la titularidad del producto almacenado.
El apoderado de la firma sostuvo que esa interpretación era incorrecta, ya que la normativa del INV exige, para la transferencia de bodegas y plantas de fraccionamiento, el cumplimiento de una serie de requisitos como la solicitud de baja, conformidad de partes y presentación de un inventario de traspaso, todo lo cual no habría ocurrido en este caso.
Además, se denunció que el INV – Delegación Cafayate modificó los registros de titularidad del vino de manera unilateral, sin mediar el procedimiento requerido, beneficiando al nuevo propietario.
La Fiscal de Cafayate consideró que la participación de la mujer imputada fue determinante, ya que, en su rol de técnica enóloga de la bodega del acusado, habría gestionado ante el INV el cambio de titularidad del producto, a sabiendas de que el vino se encontraba registrado a nombre de la sociedad denunciante.
Respecto del funcionario público imputado, titular de la Delegación Cafayate del INV, se le atribuye haber autorizado el cambio de titularidad en los sistemas del organismo sin los recaudos técnicos y legales correspondientes, actuando presuntamente de manera dolosa para favorecer a los otros dos imputados.
Durante la audiencia de imputación ante el Juzgado de Garantías en turno, el acusado de 48 años se abstuvo de declarar, mientras que los otros dos imputados dieron su versión de los hechos.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.
La fiscalía sostuvo la acusación y pidieron la pena máxima prevista en el Código Penal. La querella adhirió al pedido, mientras que la defensa técnica solicitó su absolución. El veredicto se conocerá este martes 14.
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