El Gobierno propuso formalmente un lugar de detención para Cristina Kirchner

El Gobierno respondió en las últimas horas al pedido de la Justicia y propuso un lugar donde la expresidenta Cristina Kirchner podría quedar detenida para cumplir la condena de seis años de prisión en la causa Vialidad, en caso de que no se le otorgue la prisión domiciliaria solicitada por su defensa.

El Tribunal dispuso un plazo de 5 días para que la exmandataria y los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López, se presenten en los tribunales de Comodoro Py, una vez se confirme el fallo.

En paralelo, se le solicitó al Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich, que informe posibles lugares de detención considerando que fue presidenta, que tiene 72 años, una custodia asignada y que fue víctima de un atentado contra su vida.

Ese pedido fue respondido y el Tribunal Oral Federal 2 recibió este miércoles a última hora el informe en un sobre cerrado y que, por razones de seguridad, su contenido se guardó en la caja de seguridad del Tribunal. El posible sitio informado se mantiene bajo absoluta confidencialidad.

Guillermo Francos pidió que "no se monte un show" cuando se produzca la detención de Cristina Kirchner

"Nadie puede hablar de un fallo político", expresó el jefe de Gabinete en diálogo con Radio Splendid, y sostuvo que la exmandataria deberá cumplir su condena "como cualquier ciudadano".

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El Gobierno aseguró que la detención de la expresidenta Cristina Kirchner será "respetuosa", cuidará su "intimidad" y, a diferencia de lo que ocurrió con el exvicepresidente Amado Boudou en noviembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, no habrá ninguna "foto humillante".

"La foto humillante no va a estar. Eso lo hacía el macrismo", aseguró además una fuente de Casa Rosada a la agencia Noticias Argentinas. Otra añadió que el procesó será "lo más cuidado posible".

La Justicia pidió un informe socioambiental sobre la casa de Cristina Kirchner

El juez Jorge Gorini solicitó un informe socioambiental antes de decidir si aceptará el pedido de prisión domiciliaria. Un asistente social visitará la vivienda, verificará si hay personas a cargo o con quiénes vive, entre otras cosas. El procedimiento estará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), que depende del Poder Judicial.

"La prisión domiciliaria es una medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la pena, sin afectar la dignidad ni las condiciones humanas de los solicitantes y que, de manera alguna, ello significa un privilegio personal ni mucho menos implica la impunidad del condenado", expresa la presentación de los abogados de la expresidenta, Alberto Beraldi y Ari Llernovoy.

Con información de C5N