Médicos Sin Fronteras: “Italia es cómplice de los abusos contra migrantes en Libia”

Las maniobras del gobierno de Giorgia Meloni para obstaculizar el rescate de migrantes en el Mediterráneo central consiguieron su objetivo: Médicos Sin Fronteras (MSF) se vio obligada a retirar su emblemático buque Geo Barents después de dos años de hostigamiento administrativo que redujo drásticamente su capacidad de salvar vidas en la ruta migratoria más letal del mundo.

“El Geo Barents, con las restricciones que impuso el gobierno italiano, quedó fuera de mercado”, explica con amargura Juan Matías Gil, representante de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF, en una entrevista con Infobae. La embarcación, diseñada para rescatar hasta 657 personas, acabó siendo enviada a puerto con apenas 10, 30 o 40 supervivientes. “Una vez rescatamos 13 personas y nos mandaron a La Spezia, en Liguria, en el norte de Italia”, relata Gil.

La decisión de cesar las operaciones del Geo Barents en diciembre de 2024 marca el final de una época para una de las organizaciones humanitarias más activas en el Mediterráneo central. Un informe publicado este jueves por MSF, titulado Maniobras mortales: obstrucción y violencia en el Mediterráneo central, documenta meticulosamente cómo las políticas del Ejecutivo italiano consiguieron desmantelar el sistema de rescate civil que durante años compensó la ausencia de operaciones estatales de rescate.

El principal instrumento de esta estrategia fue el llamado “decreto Piantedosi”, una norma impulsada por el ministro del Interior italiano que, bajo la apariencia de regular las operaciones de rescate, las convierte en prácticamente imposibles. La normativa obliga a las embarcaciones de las ONG a dirigirse “inmediatamente” al puerto asignado tras cada rescate, pero las autoridades italianas sistemáticamente designan puertos del norte de Italia ubicados a miles de kilómetros de las zonas de operación.

“Tardamos cinco días en ir, cinco días en volver, cuando hubo otras muchas personas que partieron los mismos días”, detalla Gil. Mientras tanto, el mar queda libre para que la Guardia Costera Libia —financiada por Italia y la UE— intercepte a los migrantes y los devuelva al país del que huyen, en clara violación del derecho internacional.

Las cifras hablan por sí solas: mientras en 2023 el Geo Barents rescató a 4.646 personas, en 2024 esa cifra se desplomó a 2.278 supervivientes. Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024, la embarcación recorrió 64.966 kilómetros adicionales y pasó 163 días más en el mar únicamente para cumplir con las asignaciones de puertos lejanos. Además, fue sancionada cuatro veces, lo que supuso 160 días de detención.

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Paradójicamente, estas políticas que el gobierno de Meloni justifica como una lucha contra el tráfico de personas han conseguido el efecto contrario. “Antes una persona intentaba pasar y pagaba solo una vez al traficante y era desembarcada en lugar seguro. Ahora el mismo cliente del traficante le paga numerosas veces”, explica Gil. “Llegamos a hablar con gente que lo ha intentado ocho veces. Entonces el traficante tiene un mismo cliente, pero le vende el viaje ocho veces”.

Los testimonios recogidos por MSF durante 2023 y 2024 revelan un sistema de violencia institucionalizada que convierte el Mediterráneo en un escenario de horror. Un hombre sirio rescatado en junio de 2024 describió cómo la Guardia Costera Libia realizó “maniobras peligrosas, cruzando nuestra proa para producir olas” mientras “gritaban e insultaban, arrojaban objetos metálicos, apuntaban armas y salpicaban agua dentro del barco”.

Aún más escalofriante es el testimonio de otro superviviente sirio que relata cómo, tras ser interceptado en mayo de 2024, “nos entregaron, nos vendieron, en Gout Al Shaal a las fuerzas libias, por 500 dólares cada uno”. Esta cifra, que aparece de forma recurrente en los testimonios, evidencia la existencia de un mercado humano organizado en el que Italia y la UE son cómplices indirectos a través de su financiación a las milicias libias.

Los datos médicos de MSF revelan una realidad demoledora: en 2024, el 100% de los 124 pacientes atendidos por psicólogos a bordo del Geo Barents declararon haber sufrido violencia física o psicológica durante su viaje. Los testimonios incluyen relatos de tortura, violaciones, extorsión y trato diferencial basado en el origen étnico.

Una mujer siria rescatada en febrero de 2024 describió cómo la Guardia Costera Libia los mantuvo durante 53 horas en su embarcación “mientras seguían buscando otros barcos”. Durante ese tiempo, “no nos dieron comida ni agua. No nos permitieron usar el baño, tuvimos que orinarnos encima”. Su hermano, según relató, “perdió la sensación en las piernas” y “ha estado sufriendo de incontinencia desde esos días”.

Un hombre sirio rescatado en junio de 2024 documentó la violencia racista de los guardacostas libios: al interceptar otra embarcación con migrantes subsaharianos, “usaron más violencia contra ellos porque eran negros”.

Gil no duda en calificar la situación como “complicidad criminal”. “Un Estado miembro de la Comunidad Europea como Italia, que financia la Guardia Costera Libia para que los intercepte y los devuelva al país con estos círculos de violencia organizados y sistemáticos... obviamente hay una complicidad criminal”, denuncia.

La contradicción es flagrante: mientras la Corte Suprema de Italia ha establecido que entregar migrantes a Libia constituye un crimen, siguiendo precedentes internacionales como el caso Hirsi contra Italia de 2012, el Gobierno “hace oídos sordos a la jurisprudencia”, según Gil. El representante de MSF explica que, aunque los tribunales tardan años en resolver los casos, “para el momento que el juez dictamina —tal vez en contra de las medidas del gobierno— el daño de años ya está hecho y es irreparable”.

A pesar del golpe que supone la retirada del Geo Barents, MSF no se da por vencida. La organización planea continuar sus operaciones durante el verano europeo con una embarcación más pequeña, adaptada a las nuevas restricciones. “Con un barco mucho más pequeño, tal vez con un tercio del costo que tiene uno grande, logramos rescatar la misma cantidad de personas”, explica Gil, quien espera mantener la capacidad de rescatar entre 3.000 y 4.000 personas por año.

Aún así, el futuro de las operaciones de rescate en el Mediterráneo central depende, según MSF, de un cambio urgente en las políticas migratorias de la UE e Italia. La organización exige que se detenga la obstrucción de las operaciones de rescate, se eliminen las sanciones a los barcos humanitarios y se ponga fin a la colaboración con la Guardia Costera Libia. Además, pide la creación de un sistema estatal de rescate que sea eficiente y respetuoso con los derechos humanos.

El representante de MSF insiste en que la solución no puede ser meramente técnica sino política. “Es necesario un cambio de paradigma”, afirma, abogando por ver la migración “no como un problema, sino como una oportunidad: una oportunidad de intercambio cultural, económico, político”.

Con informe de Infobae