Negociación

En ese marco se ubica el cuidado que ha puesto la conducción económica provincial en la presentación de una reforma fiscal, cuya aprobación legislativa ha comenzado a gestionar. En el curso de esta semana, el titular de la cartera Roberto Dib Ashur y funcionarios del área de Ingresos Públicos, mantuvieron sendas reuniones con diputados y senadores. Llevaron una propuesta de simplificación tributaria y reducción de impuestos, para la que se está solicitando el aporte de sectores que las comisiones de ambas cámaras pueden consultar a fin de mejorar el proyecto de ley.

Cabe señalar que, frente a una nueva política macroeconómica, los gobernadores se vieron urgidos a realizar su propio ajuste fiscal, que les permitió revertir el déficit financiero registrado en 2023 y terminar 2024, en conjunto, con un superávit total de 0,1% del Producto Bruto Interno. Realizaron un fuerte recorte en sus gastos y en este año están avanzando en la reforma de su esquema tributario.

En Salta el superávit alcanzado fue del 2%, unos 42 mil millones de pesos, que ya tienen un destino definido. El ministro de Economía informó que serán invertidos para avanzar con la obra de la Autopista del Valle de Lerma; el pago de cuotas de la deuda del Bono del Bicentenario y para la propuesta de simplificación tributaria y reducción impositiva presentada.

Los sectores clave de la economía provincial vienen demandando una menor presión fiscal. Salta se sitúa entre las cinco provincias con mayor presión tributaria del país, según un informe del instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea. De allí que la conducción económica ha definido el paquete de medidas que llevó a la Legislatura y que necesita que se apruebe a la brevedad.

La decisión política de llevar adelante esta iniciativa tiene como contrapartida  la caída de recursos nacionales, que hicieron que Salta se ubique entre las provincias que menos coparticipación recibe. Los datos expuestos ante los legisladores dan cuenta que mientras se recibieron un poco más de 116 mil pesos por cada salteño durante enero de 2025, la provincia que más recibe alcanza casi 300 mil pesos por habitante. Además, 6 de cada 8 pesos recaudados, es decir el 75%, quedan en las arcas nacionales y con impuestos que no se coparticipan.

Las medidas contempladas en el proyecto presentado esta semana incluye medidas de alivio a los sectores más importantes y que son los que más aportan. Es el caso de  la reducción de ingresos brutos para comercios, hoteles, gastronómicos y agencias de viaje, la eliminación de 28 tasas provinciales, la simplificación de trámites que permitirá evitar más de 800.000 declaraciones juradas al año, la reducción del orden del 80% de 15 tasas mineras y menor carga en el inmobiliario rural, entre otras medidas. Un amplio universo de mipymes serán las principales beneficiarias, mientras se prepara una modificación del Código Fiscal para actualizarlo, eliminando tasas e impuestos que ya no se recaudan. 

Una reactivación del aparato productivo compensará los menores ingresos que pueden producirse y fortalecerá la independencia de recursos nacionales cuya recaudación y distribución dependen de la administración de otro nivel de gestión. 

Desde esa posición podrá imponerse una negociación que reconozca la autonomía de las provincias y haga realidad el tan reclamado federalismo.

Salta, 12 de junio de 2025