La periodista y esposa del hermano del mandatario chileno, presentó su dimisión tras revelarse que viajó fuera del país en medio de una extensión de su postnatal.
El Mundo03/06/2025
La periodista Fiona Bonati, cuñada del presidente de Chile Gabriel Boric, renunció a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), luego de que su nombre apareciera en un listado de funcionarios públicos que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Su dimisión se enmarca en un escándalo nacional que involucra a más de 25.000 trabajadores del Estado y que actualmente es investigado por la Fiscalía.
La información fue revelada por el canal estatal chileno 24 Horas, que informó que Bonati presentó su renuncia el pasado miércoles mediante una carta oficial. En la misiva, reconoció los hechos, aunque aseguró no haber actuado con dolo. “He tomado esta decisión con el firme propósito de contribuir a resguardar el buen funcionamiento y prestigio de la institución, valores que siempre he procurado honrar durante mi trayectoria en el servicio público”, expresó en la carta difundida por el medio.
Bonati, esposa de Simón Boric —hermano del presidente chileno—, se desempeñaba como periodista en la Segegob desde noviembre de 2020. Según el reporte de 24 Horas, su caso se vincula a dos viajes internacionales realizados en 2023 mientras se encontraba con una extensión de su postnatal, situación que, según explicó, desconocía que estuviera prohibida. “Son dos casos que fueron en la extensión de mi postnatal, fue una alergia alimentaria que tenía mi hijo cuando nació. La verdad que yo no sabía que con la extensión del postnatal no podía salir del país”, declaró Bonati al canal.
“Esto no fue en dolo. No tenía conocimiento. Yo jamás, te lo juro, que jamás pedí una licencia para irme de vacaciones o para irme al exterior”, añadió.
El caso de Bonati es uno de los más visibles dentro de una investigación de mayor escala iniciada por la Contraloría General de la República, que recientemente reveló que 25.078 funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencias médicas activas. En total, se identificaron 35.585 licencias médicas vinculadas a estos viajes, lo que equivale a más de una por cada funcionario involucrado.
Según el informe, los organismos públicos más afectados fueron aquellos relacionados con la atención a la primera infancia. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) registró 2.280 licencias médicas asociadas a viajes internacionales, y la Fundación Integra, 1.934. Además, los desplazamientos al extranjero se concentraron entre septiembre y diciembre, coincidiendo con el inicio de la primavera y el verano en el hemisferio sur.
El Gobierno chileno confirmó que, tras la detección del caso de Bonati, se abrió un sumario administrativo en la Subsecretaría General de Gobierno, el cual se encuentra actualmente en su fase investigativa. “Posteriormente, la funcionaria pública presentó su renuncia voluntaria a la Segegob a partir del 29 de mayo”, señaló el Ejecutivo en declaraciones recogidas por 24 Horas.
La dimensión del escándalo llevó a la Fiscalía Nacional a abrir una investigación penal por presunto fraude al fisco. El Ministerio Público también analiza la posible responsabilidad de médicos que podrían haber emitido licencias falsas. Además, se indaga a funcionarios de organismos de seguridad como Carabineros y el Ejército Nacional, que también figuran en los registros.
Frente a la crisis, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo para enfrentar el uso indebido de licencias médicas. Entre las medidas adelantadas se encuentran la apertura de sumarios, la exigencia de reintegro de fondos y la entrega de todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
“Vamos a trabajar con los organismos fiscalizadores y judiciales para asegurar que estas irregularidades no queden impunes”, sostuvo Marcel en una comparecencia pública.
La ex alcaldesa de Providencia y actual candidata presidencial por la derecha, Evelyn Matthei, calificó la situación como un “fraude”. “Esto puede ser calificado como un delito de fraude al fisco”, declaró.
En tanto, el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) envió una carta al presidente Boric exigiendo la renuncia de todos los funcionarios involucrados.
“Este escándalo, calificado con razón como un verdadero fraude masivo al Estado, no puede quedar sin una señal clara de consecuencia y autoridad”, señala el texto.
Con información de EFE
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