El Departamento de Seguridad Nacional afirma que los pagos se efectuarán después de que las personas abandonen Estados Unidos.
El Mundo06/05/2025
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que pagará 1.000 dólares (880 euros) a los inmigrantes irregulares que regresen voluntariamente a sus países de origen, en lo que parece ser el siguiente paso de sus planes para abordar el problema.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró en un comunicado de prensa que también pagaría por la asistencia en viaje, y que las personas que utilicen una aplicación llamada CBP Home para informar al Gobierno de que planean volver a casa serían "despriorizadas" para su detención y expulsión.
"Si estás aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de Estados Unidos para evitar la detención", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "El DHS ofrece ahora a los extranjeros ilegales ayuda financiera para viajar y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home", añadió.
La aplicación es una versión renovada de la utilizada anteriormente por la Administración Biden para permitir a casi un millón de inmigrantes programar citas para entrar legítimamente en el país. El DHS dijo que ya había pagado un billete de avión para que una persona regresara a su casa en Honduras desde Chicago, y añadió que se han reservado más billetes para esta semana y la próxima.
La autodeportación como autoprotección
La Administración Trump a menudo ha tratado de retratar la autodeportación como una forma para que las personas que actualmente se encuentran en el país sin estatus legal se aseguren de poder regresar a los Estados Unidos en una fecha futura.
En declaraciones a los periodistas el lunes, el propio Trump dijo que los inmigrantes que se "autodeportan" y abandonan EE.UU. podrían tener la oportunidad de regresar legalmente en algún momento "si son buenas personas" y "aman a nuestro país" pero que "si no lo son, no lo harán", dijo.
Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han pedido cautela. Según Aaron Reichlen-Melnick, miembro del American Immigration Council (Consejo Estadounidense de Inmigración), a menudo es peor para los indocumentados -sobre todo para los que ya están en proceso de expulsión- abandonar el país que luchar contra sus casos en los tribunales de inmigración, de no presentarse ante ellos, corren el riesgo de recibir automáticamente una orden de deportación.
Reichlen-Melnick explicó que abandonar el país generalmente cuenta como abandonar una solicitud de alivio o una solicitud de asilo, y agregó que el DHS no ha indicado ninguna coordinación estrecha con los tribunales para garantizar que las personas que abandonan los Estados Unidos no enfrenten repercusiones.
De hecho, la Administración Trump ha unido su impulso de autodeportación con anuncios de televisión que amenazancon tomar medidas contra las personas que viven irregularmente en EE.UU., acompañados de publicaciones en las redes sociales que muestran arrestos de las fuerzas de inmigración y migrantes que son enviados a una prisión en El Salvador notoria por sus duras condiciones.
Los problemas de la deportación masiva
Trump hizo de la deportación masiva de inmigrantes una pieza central de su campaña presidencial, pero la empresa sigue siendo costosa y requiere muchos recursos. Su Administración ha pedido al Congreso un aumento de recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, encargado de detener a las personas que van a ser expulsadas del país.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, cuesta 17.121 dólares (15.104 euros) detener, encarcelar y expulsar a alguien de Estados Unidos. La autodeportación ha sido considerada atractiva por la Administración Trump, ya que, según los cálculos del DHS, la recompensa de mil dólares supondrá un ahorro del 70% de los costes de deportación.
Por otro lado, la autodeportación no requiere extensas negociaciones entre Gobiernos para conseguir que un país acepte a sus ciudadanos. Sin embargo, varias nacionanes se niegan a aceptar a los ciudadanos devueltos por las autoridades de inmigración estadounidenses o dificultan el proceso.
Un estudio realizado en 2011 por el Migration Policy Institute y el Instituto Universitario Europeo concluyó que existían unos 128 sistemas similares -a menudo denominados programas 'pay-to-go'- en todo el mundo (recientemente, el primer ministro sueco explicó a 'Euronews' su plan para pagar 32.000€ a los inmigrantes para que se marchen del país).
Pero la investigación también descubrió que, con algunas excepciones, como un programa para devolver personas en la década de 1990 de Alemania a Bosnia, estos sistemas de retorno voluntario generalmente no lograron animar a un gran número de personas a volver a casa.
Con información de Euronews
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