
Derecho a la salud por sobre la rentabilidad: fallo contra obra social sienta precedente
El fallo es de la Cámara Civil de Apelaciones de Río Gallegos sobre el pedido por el tratamiento de un menor de edad.
Son seis años y medio de prisión efectiva para Jorge Prado, de Aguaray; dos empresarios están condenados.
Judiciales30/04/2025La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra un exintendente del norte de Salta por el robo de 228 caños del inconcluso Gasoducto del Noroeste, una megaobra destinada a importar gas de Bolivia, que nunca se terminó.
Se trata del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, sentenciado a seis años y medio de prisión efectiva, junto a dos empresarios, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.
El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la apelación de la defensa por considerarla inadmisible, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La causa se tramitó bajo el sistema acusatorio que rige en la provincia de Salta desde 2019. Allí se investigó la sustracción durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020 de alrededor de 228 caños del gasoducto pertenecientes al Estado Nacional del noreste argentino conocido como GNEA.
El gasoducto fue declarado de interés público y concesionado para su realización a la empresa Enarsa, hoy Ieasa, con la finalidad de transportar gas desde Bolivia a Argentina, obra que según afirmó la acusación que representa la querella asciende a un monto de $2.000.000.000 y beneficiaría a 1.700.000 habitantes de las zonas aledañas al trazado de la obra.
El veredicto se conoció en Salta, en diciembre del 2021. En su acusación la fiscalía pidió las condenas al considerar que el saqueo de caños del Gasoducto GNEA fue uno de los mayores casos de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional en la zona.
El fallo es de la Cámara Civil de Apelaciones de Río Gallegos sobre el pedido por el tratamiento de un menor de edad.
La decisión se conoció minutos antes de que comenzara una audiencia en la que iba a abordarse la cuestión. Continúa vigente en cambio la solicitud para mudar el domicilio de la detención.
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