“Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque rindieron todos bien”, señaló Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, y exigió que no se implementen las evaluaciones en el resto del país. Y agregó: “Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad”.
El “examen de idoneidad” para los empleados públicos, tal como lo definieron fuentes oficiales, estaría por cerrarse en la administración pública nacional. Los empleados tuvieron que obtener un turno para rendir. El sistema que dispuso el Gobierno les asignó un código con el que fueron identificados para preservar el anonimato de quien haya rendido el examen. La prueba consiste en un multiple choice.
El examen, dicen en el Gobierno, no busca dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. La resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral. Contiene entre 20 y 24 preguntas que testearán el razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales. El Gobierno pretende que todos los empleados hayan tomado el examen antes de febrero de 2025.
Hasta el momento, los exámenes del Gobierno costaron al menos $2.570.996.928 en el Sistema de Evaluación Pública, calculando los días de trabajo perdidos por los estatales que debieron destinar su horario laboral a rendir los exámenes, según informó ATE. Esa cifra, además, no contempla los gastos para la elaboración del material de estudio, el personal que realizó las evaluaciones, la utilización de un inmueble del Estado, entre otros conceptos.
En cuanto a los 40.701 exámenes aprobados, este universo incluye a trabajadores que ya se presentaron en segunda y hasta tercera instancia de evaluación sólo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que hasta el momento no se ha implementado en el resto del país.
Ante esta situación, ATE reiteró que el Sistema de Evaluación Pública es innecesario ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional.
Desde UPCN, el gremio mayoritario en la administración pública nacional, también cuestionaron los exámenes de Sturzenegger. “Lo consideramos totalmente rechazable. No tiene sentido tomar a exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad y pueden ser calificados a partir de esa comprobación. Todas estas cuestiones lo único que hacen es alterar el clima de trabajo y generar miedos”, señaló Andrés Rodríguez, histórico jefe de UPCN.
En un comunicado, UPCN calificó al sistema como “un atropello a la dignidad laboral” y señaló que “solo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país”. El comunicado emitido por la organización sindical sostuvo que estas evaluaciones “no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios” y carecen de transparencia.
La Nación
