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La propia dirigencia política instala la idea de que a la sociedad no le interesan las elecciones, que los ciudadanos están ocupados en otras cuestiones que le faciliten la vida cotidiana. De esta manera, quienes deben sostener la trascendencia de la política para el desarrollo de la comunidad organizada son precisamente los que le bajan la nota a uno de los hechos más importantes.
Las elecciones son el momento en que esa masa informe a la que se llama “la gente” se visualiza como lo que es: el depositario de la soberanía política. Desde el poder se teme el pronunciamiento ciudadano y por ello trata de controlarlo y -como objetivo máximo- manipularlo. Frente a esa posibilidad es que el sistema institucional trata de mantener a raya a quienes acceden al manejo de algunos resortes que los tienta a dirigir la voluntad popular, incluso desviando recursos públicos que le sirven a esos fines.
Quienes fundaron la República Argentina siguieron la línea de aquellas naciones que habían decidido que sea el pueblo, a través de sus representantes, el que decida de qué manera iba a ser conducido y por cuáles caminos, dándole herramientas para corregir las desviaciones. De allí que desde la Constitución de 1853 se diseñó un sistema de pesos y contrapesos para que opere un equilibrio que evite hegemonías de mayorías circunstanciales y se asegure la participación efectiva de la oposición, como expresión del pensamiento político de una parte de la sociedad. Ese espíritu se mantuvo en la reforma de 1994.
En ese sistema, las elecciones legislativas de medio término tienen un sentido que debe comprenderse en su dimensión cabal. De esa manera podrá analizarse correctamente cualquier propuesta de avanzar hacia su eliminación, que incipientemente se está insinuando a nivel nacional. Lo mismo ocurre en la Provincia, que tiene en el vicegobernador Antonio Morocco un activo promotor
El constitucionalista y catedrático Hernán Rodríguez Vagaría advirtió en un documento que “sacar las elecciones de medio término no es una cuestión tangencial sino medular”. Sostiene que “la composición y renovación parcial del Congreso no fueron pensadas ni diseñadas para acompañar al Poder Ejecutivo en sus aventuras sino justamente para contrarrestarlo” y enfatizó en que “la Constitución está diseñada a partir de la responsabilidad ciudadana y de la desconfianza hacia los mesías y las mayorías del momento”.
El pensamiento del titular del Senado salteño va justamente en el sentido contrario. Cuando propone una reforma constitucional en Salta para eliminar la renovación legislativa intermedia, es a los fines de poner a resguardo el proyecto de un gobernador, que puede perder la adhesión ciudadana en la mitad de un mandato. Si bien el debate no se ha planteado, la enunciación del objetivo advierte muchos aspectos que deben someterse a discusión, partiendo del hecho que el sistema institucional no está diseñado para servir a un gobernante sino a un cuerpo social que es el que decide.
Si se observa que democracias más estables en el mundo tienen una renovación legislativa de medio término, no se visualiza que su eliminación concurra a mejorar el sistema. Hay otras cuestiones que pueden servir con más eficiencia ese fin, como el perfeccionamiento del esquema representativo para que el voto tenga el mismo valor en todo el territorio provincial.
Salta, 02 de enero de 2025


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