Revisión

Preocupa a los legisladores que los acuerdos de los gobernadores con el Ejecutivo Nacional no se vean reflejados en la propuesta en análisis.

Con el debate de este jueves de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se cerró el tramo de reuniones informativas y muchos interrogantes de la oposición quedaron sin respuestas. En principio, se anticiparon dictámenes en minoría, porque existe la voluntad de aprobar un esquema de gastos y recursos para dar previsibilidad a la acción de gobierno. Se escuchó decir que es mejor un mal presupuesto que ninguno. 

Cabe recordar que el Ejecutivo Nacional dispuso la creación del Régimen de Reparación Federal, que tiene por objetivo facilitar el saneamiento de las cuentas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto que incluye las deudas que el Estado nacional mantiene con cada uno de los distritos, que pretende ordenar mediante compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos y toda otra operación que tenga como fin su cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional. 

El régimen fue presentado como “un borrón y cuenta nueva” y eso se destacó en el primer debate interno de la Comisión que preside el economista libertario José Luis Espert, porque no hay previsiones -en el proyecto de presupuesto en análisis- de partidas para cubrir las acreencias provinciales. Puntualmente las generadas con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales representan montos importantes que no se ven reflejados en las previsiones de la iniciativa. Tampoco se puede determinar el destino de recursos que se recaudan con fines específicos, cuya remisión fue suspendida por la actual gestión. 

Si bien se reconoció al anunciar el régimen, al que las Provincias deben adherir voluntariamente, que “desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”, no es una cuestión que resuelva la iniciativa que se está tratando . Al contrario, fue sustraída del ámbito de discusión natural que es el Congreso.

Ese es uno de los puntos que se puso de relieve en el debate de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se denunció que hay presiones sobre los gobernadores, obligados a incidir en legisladores que les responden por empatía política, a cambio de conseguir obras o recursos para solucionar sus obligaciones de gestión. Ello ha generado la necesidad de discutir “si es ético cambiar reformas institucionales por una rotonda o fondos de ATN”, como expresara el diputado radical formoseño Fernando Carbajal, del bloque Democracia para siempre.

La regla fiscal innegociable del déficit cero convierte al propuesto para 2025 en un presupuesto de ajuste similar al aplicado este año; esto es, con reducción de partidas en áreas sensibles como salud y educación. Tampoco hay previsiones para obras públicas esenciales, al punto que desde bloques afines al oficialismo se ha propuesto que el RIGI también se aplique a emprendimientos viales para apuntalar el desarrollo económico de distintas regiones.

Los gobernadores que ya han probado que el Ejecutivo Nacional suele incumplir sus compromisos, deberán repasar con los legisladores de sus estados lo que efectivamente contiene el presupuesto que mandarán a votar.

Salta, 15 de noviembre de 2024