Auditoría: piden explicaciones a la UBA por $8 mil millones no rendidos

La Universidad de Buenos Aires (UBA) deberá dar explicaciones sobre el manejo de miles de millones de pesos. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) iniciará este lunes una exhaustiva auditoría para determinar el destino de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional.

Las cifras son alarmantes. Durante el período 2020-2022, la principal casa de estudios del país no rindió cuentas sobre el 89% de los recursos recibidos a través de programas universitarios. La suma asciende a $8.000 millones. A esto se suman otros $500 millones destinados a infraestructura entre 2015 y 2019, cuyo uso tampoco fue clarificado.

Miguel Blanco, titular de la SIGEN, encabezará esta investigación tras la derogación de una normativa impuesta por el exprocurador Carlos Zannini. Esta medida impedía anteriormente el control sobre las universidades nacionales.

Eliminación de las PASO: Francos admitió que los votos no están

La investigación abarcará múltiples aspectos. Se examinarán convenios, gastos corrientes, inversiones y contrataciones de servicios. Un punto crítico será el análisis de la "caja chica", un mecanismo que suele utilizarse para gastos no planificados y que, según fuentes del organismo, en ocasiones termina en cuentas personales.

Otro foco de atención serán los 2.245 convenios firmados entre universidades y organismos estatales. Estos acuerdos, que oscilan entre los $2 millones y $170 millones, se realizaron sin licitación. Ya se detectaron casos de subcontratación y posibles irregularidades en la incorporación de personal.

La auditoría también revisará acuerdos específicos. Entre ellos, el convenio entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para digitalización, y el acuerdo entre el ex Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional Guillermo Brown por $22,4 millones para capacitación virtual.

Los primeros resultados preliminares podrían estar disponibles a principios de diciembre. La SIGEN buscará identificar debilidades en los procesos administrativos y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la educación superior.

Con información de MDZ