Víctimas venezolanas representadas por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y los fiscales Stornelli y Agüero Iturbe solicitaron ante la Cámara Federal porteña que se ordene la captura del mandatario bolivariano.
Política17/09/2024
Víctimas venezolanas representadas por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe solicitaron ante la Cámara Federal porteña que se ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otras autoridades del gobierno chavista en el marco de una causa impulsada desde Comodoro Py por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, reclamó en su carácter de querellante ante los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens para "que se ordene la detención de todos los imputados, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todos los demás responsables de las principales fuerzas de seguridad en Venezuela".
Del mismo modo, la Fiscalía se plegó a la petición de la querella destacando la necesidad de defender el principio de la dignidad humana, la vida, la libertad y la integridad física. Tanto Stornelli como Agüero Iturbe señalaron que la Justicia venezolana está al servicio de Maduro por lo que no actúa de forma independiente, en línea con las revelaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU hoy por la mañana en la sede del organismo en Ginebra.
Farini Duggan afirmó que la Justicia argentina está "ante un momento histórico" porque, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, existe la posibilidad de ordenar la captura de "los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte". Por ello, consideró que con esta audiencia se marca "un día de alegría para las democracias y un día de preocupación para las dictaduras".
A lo largo de la audiencia en los tribunales de Py brindaron su testimonio cinco víctimas venezolanas, que relataron las violaciones de los derechos humanos a las que fueron sometidas. "Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Por eso pedimos que inmediatamente se le ponga una orden de captura, para que cese la persecución en Venezuela", sostuvo Víctor Navarro, exprisionero político sobreviviente de El Helicoide, señalado por los organizaciones de DD.HH. y la propia ONU como un centro clandestino de detención y torturas en Caracas.
En sus declaraciones ante la Justicia argentina, las víctimas relataron diversas situaciones de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en su país. Mariangel Navas, una de las denunciantes, remarcó que "en Venezuela se tortura, se secuestra y se mata por pensar distinto. Por eso estamos pidiendo en Argentina que a los responsables del régimen de Nicolás Maduro se les llame a indagatoria y haya justicia para las víctimas en Venezuela".
En la audiencia estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados y la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre. También participó el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien además preside la organización querellante, FADD.
"Es un día triste, pero por otro lado de mucho coraje de quienes dieron los testimonios, esperando que se logre el pedido de captura internacional de los criminales Diosdado Cabello y Nicolás Maduro", señaló Wolff en las puertas de los tribunales. Describió los testimonios como "desgarradores".
La denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina por el FADD, sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
La Justicia argentina ha aplicado anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco; en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua.
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