Evalúan un amparo contra el veto total de Milei a la movilidad jubilatoria

El presidente Javier Milei firmó el viernes por la noche el veto total y sin excepciones al proyecto de movilidad jubilatoria que fue sancionado en el Senado la semana pasada y se publicó hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, utilizó por primera vez este recurso y los espacios defensores de la tercera edad esperan estudiar los fundamentos del DNU para iniciar su apelación a la medida, ¿Qué posibilidades de amparos hay para los jubilados? 

La semana pasada, la Cámara Alta sancionó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial de los trabajadores activos. 

"El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", rezaba una semana atrás el comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA) para justificar la decisión del Ejecutivo de rechazo a la recomposición en los haberes jubilatorios. 

De esta manera, organizaciones sociales y legisladores esperan a este lunes para verificar la justificación de la medida en el decreto que se publicó en la madrugada en el Boletín Oficial. 

"En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso", había dicho Milei sobre la decisión del Congreso.

¿Que opinan las organizaciones defensoras de jubilados?

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que la ley es "una reforma pequeña" y sobre todo de "poca significancia para los jubilados que cobran la mínima o pensiones no contributivas". 

"No contempla pérdidas anteriores, incluida la devaluación, pero al margen de eso tiene algunos aspectos positivos", remarcó.

Semino explicó que están esperando estudiar la publicación del veto total, ya que si bien la Constitución Nacional da al Poder Ejecutivo esta facultad "tiene que estar fundado". 

"Estamos esperando a conocer esa fundamentación y si no tiene razonabilidad, que dicen en términos del costo fiscal y  si hay una colisión entre leyes porque se supone que no hay un establecido de dónde van a salir los fondos", relató Semino

Una de las razones del veto por parte de Javier Milei era justamente el aumento del gasto público para el Estado. 

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una eventual ratificación del proyecto significaría un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. 

No es la proyección que difunden desde la Oficina del Presidente (OPRA), que la semana pasada dijeron que la ley "implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes".

Semino también hizo la consulta a la Comisión de Presupuesto de Diputados y replicó que no coincide con la apreciación del Ejecutivo. 

 "Sobre la razonabilidad hay varias interpretaciones. Es muy probable que si vemos el hecho que seis millones de personas están bajo todos los índices de pobreza que se puedan tomar, y se plantee en la norma incorporar una pequeña ayuda no darla repercutiría en afectar la condición humana", subrayó. 

Cronista