Con el apoyo de fuerzas de seguridad, personal municipal logró el despeje de calles del micro centro, ocupadas por carreros. De esta manera se avanzó en el propósito de lograr un ordenamiento de la actividad.
Opinión22/08/2024
El miércoles pasado, la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta anunció la decisión de retirar de esa área la venta de frutas, por una cuestión de seguridad, salubridad y ordenamiento de la vía pública. La venta callejera es la preocupación de sucesivas gestiones de gobierno capitalino y desde hace por lo menos tres décadas no se han logrado resultados efectivos.
El Ejecutivo a cargo de Emiliano Durand, quien asumió hace 8 meses, comenzó con el ordenamiento de ferias barriales, a fin de consolidar una red donde ir centralizando ese tipo de venta que busca los espacios de concentración de transeúntes. Desde este mes se ocupó de intensificar los controles de la actividad de trabajadores informales en general, que se desarrolla en el área de peatonales y circundantes al Mercado San Miguel.
Como suele suceder generó la resistencia de quienes se dedican a esa tarea y tuvo un punto de confrontación el viernes pasado cuando los vendedores perjudicaron la labor de despeje de la avenida San Martín por un derrame de aceite. Las agresiones físicas a personal municipal y policía e, incluso, entre los propios carreros llevaron a que se tome la decisión de la erradicación definitiva. El emplazamiento del retiro en la mañana de este jueves, cuando se intentó concretar la decisión, provocó un intenso operativo de Infantería que derivó en agresiones a inspectores y policías, incluyendo amenazas y el uso de armas punzantes. Hubo detenciones y el secuestro de mercadería.
Este tipo de situaciones se repite cada vez que se pretende producir cambios que, hasta ahora, se han logrado de manera temporaria. El retiro forzado no alcanza como tampoco pareciera que resulta efectivo el entramado de normas que regula la ocupación del espacio público. La autorización de venta en la vía pública está contenida en la Ordenanza Nº 6.240, que ha sido objeto de numerosas modificaciones.
Los permisos que se otorgan a ese fin son de carácter precario y su vigencia no se extiende más allá del ejercicio fiscal en curso. Ese permiso genera una obligación fiscal que está determinada por la Ordenanza Tributaria anual y también otras que se vinculan a la seguridad y a la higiene.
Se trata de una cuestión que tiene distintas características, según el espacio público donde se desarrolle y la categoría de la actividad, que va desde la venta ambulatoria que no se establece en lugares determinados a la venta con parada fija transitoria, conteniendo la venta de comida al paso y la de productos artesanales, solo para citar lo que cotidianamente se observa en cualquier punto de la ciudad.
La tarea de ordenamiento que se viene desplegando es amplia y en base a las demandas de los vecinos y comerciantes capitalinos se ha encarado la organización y regularización de este tipo de ventas, empezando por las ferias, en base a su ubicación y al cumplimiento de requisitos básicos que deben cumplir, como la limpieza, seguridad en el predio e instalaciones de servicios debidamente autorizadas. Ello llevó a que se cierre por lo menos un tercio de las que venían operando sin que se reduzca el número de feriantes.
El fondo de esta problemática es la crisis económica, de allí que toda solución pasa por equilibrar el orden para asegurar una convivencia social armónica y la necesidad de no afectar fuentes de trabajo e ingresos de algunos grupos vulnerables.
Esa puja termina configurando una salida que es transitoria porque depende de una solución de fondo, que es un modelo de crecimiento que hasta ahora no se ha alcanzado.
Salta, 22 de agosto de 2024
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
El vicepresidente del Círculo Médico, Marcelo Biagini, advirtió que la obra social provincial mantiene atrasos de pago, presiona a profesionales para convertirse en prestadores directos y analiza romper convenios.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.