Desde las 00:00 horas del 21 de mayo todas las redes sociales y la página web de la TV Pública, de Radio nacional y todas las emisoras del sistema público han sido silenciadas y permanecen bloqueadas con la imagen del Escudo Nacional Argentino.
Esto se da como consecuencia del memorándum de la Jefatura de Gabinete de la Nación que lleva como referencia: Proceso de organización y reestructuración. Si, como lo escuchan, proceso de organización y se inicia silenciando las redes sociales de los medios públicos.
Inevitable traer a la memoria alguna de las páginas más negras de nuestra historia, cuando el vocero de la Junta Militar, justificando el comunicado número 19 del 24 de marzo de 1976 que ponía fin a la libertad de prensa en la Argentina decía: “Las Fuerzas Armadas saben perfectamente que lo suyo es una misión de ordenamiento y reparación”.
Sumado a esto, la utilización obligatoria del Escudo Nacional para reemplazar la información pública me exime de más comentarios.
Mas allá de esa referencia histórica, es pertinente remarcar la obvia incidencia vital, en pleno siglo XXI, de silenciar las redes sociales de los medios de comunicación.
Hace semanas advertía que la pretendida privatización de los medios públicos, en los hechos desencadena en la eliminación de los mismos ya que, supeditados a las reglas del mercado, pierden la naturaleza que justifica su existencia.
Frente a la demora en el tratamiento de la Ley Bases que impulsa su privatización, pareciera que el Gobierno Nacional a través del “proceso de organización y reestructuración” ha iniciado el camino silenciando las redes sociales y me pregunto si esta acción no terminará favoreciendo las condiciones de una espiral de silencio, que genere un clima de opinión y decante tendencias hacia determinada dirección, más allá del declamado motivo de austeridad y transparencia.
Quiero, en este marco hacer algunas reflexiones respecto a la constitucionalidad de las acciones que lleva adelante el gobierno toda vez que en el régimen republicano, la libertad de expresión, en el sentido amplio, tiene un lugar eminente.
Respecto al tema de la censura previa, prohibida en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica, debemos advertir, siguiendo la doctrina constitucional, que es censura previa, y en consecuencia esta prohibida, cualquier medida que importa un control o una revisión anticipados a la expresión.
Es interesante analizar, también, cuando la funcionalidad social de los derechos constitucionales mencionados cobra un sentido bidireccional, tomando en cuenta por un lado la propalación de ideas y por el otro a quienes son recipiendarios en una sociedad democrática.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó que cuando se restringe la libertad de expresión de una persona no es sólo su derecho individual sino también el derecho de todos de recibir información e ideas. La libertad de expresión tiene, así, dos dimensiones, la personal y la colectiva o social.
La ausencia de los medios públicos lesionará severamente esa libertad de expresión social o colectiva ya que la subordinación de los bienes colectivos de naturaleza cultural a las leyes del mercado importaría su lisa y llana desaparición.
Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el Decreto 3.935/1 que establece asueto administrativo para los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
El Hospital Público Materno Infantil informó la atención de dos menores con lesiones leves causadas por pirotecnia durante los días previos y la madrugada de Navidad. Además, se registró una intensa actividad en las guardias pediátrica y perinatológica, con más de 290 asistencias.