Nación pidió a los gobernadores por la Ley Bases, pero no hubo acuerdo sobre Ganancias

La primera reunión por el Pacto de Mayo comenzó esta tarde a las 15.15 en la Casa Rosada y terminó pasadas las 18.30. El encuentro fue presidido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. En la delegación de las provincias hubo asistencia perfecta, entre los gobernadores y los vicegobernadores que se presentaron al inicio del encuentro. El Gobierno calificó la cumbre de “cordial y positiva”, según dijo el ministro Francos en conferencia de prensa.

Según afirmaron el porteño Jorge Macri y el chubutense Ignacio Torres al cabo del encuentro, el Gobierno propuso reflotar la Ley Bases y restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, pero un grupo de gobernadores se opuso a esta segunda posibilidad. En tanto, acordaron armar dos comisiones: una para identificar los pedidos de las provincias y una segunda para establecer los proyectos que la Casa Rosada enviará al Congreso.

Entre los primeros gobernadores en ingresar por la explanada de la Casa Rosada se destacaron el bonaerense Axel Kicillof, que tomó la palabra; el sanjuanino Marcelo Orrego, el puntano Claudio Poggi y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, en representación de Maximiliano Pullaro, quien no viajó a Buenos Aires por la crisis de seguridad en Rosario.

Según se pudo saber, los gobernadores peronistas se reunieron antes para acordar el discurso frente a los funcionarios de Javier Milei, que en principio no participará de la cumbre. En ese encuentro previo, los mandatarios de Unión por la Patria (UP) convinieron “reclamar las deudas de las provincias, no avalar la restitución de Ganancias y sugerir un impuesto a los grandes ingresos”.

Además de Posse, que se ubicó en la cabecera de la mesa, la delegación oficial estaba integrada por el ministro Francos, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el de Interior, Lisandro Catalán; y el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, informaron fuentes oficiales. El encuentro se desarrollaba en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Por las provincias se presentaron los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Misiones, Hugo Passalacqua; de San Luis, Claudio Poggi; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de San Juan, Marcelo Orrego; de Córdoba, Martín Llaryora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Catamarca, Raúl Jalil, de Santa Cruz; Claudio Vidal.

También eran de la partida las vicegobernadoras de La Rioja, Teresita Madera; de Mendoza, Hebe Casado, y de Santa Fe, Gisela Scaglia, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís; y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. El primero en retirarse de la cumbre fue el sanjuanino Orrego, quien adujo que perdía el vuelo de regreso a su provincia.

El encuentro comenzó con la presencia de los gobernadores y los vicegobernadores de La Rioja, Santa Fe, Formosa y Mendoza. “Estamos seguros que vamos a arribar a buen puerto”, destacó la santafesina Scaglia en la antesala del salón Eva Perón. “Cada uno de los gobernadores tiene que defender su propia producción y recursos”, señaló la vicegobernadora que habló de “terrorismo narco” al referirse a la situación en Rosario y reclamar refuerzos por parte de Nación.

El Gobierno pretende con los gobernadores un intercambio sencillo: acordar un paquete de fondos para las provincias a cambio de apoyos políticos para reimpulsar la ley Bases. Si bien en la Casa Rosada dicen que Milei quiere resucitar la ley ómnibus “completa” (con sus más de 600 artículos originales) lo cierto es que la intención del gobierno libertario es hacer pasar el corazón económico del proyecto.

Es decir, los capítulos vinculados a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas y la reforma en hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

A ese paquete, la gestión de Milei quiere sumarle una nueva fórmula jubilatoria, que implicaría una actualización por inflación desde la sanción de la ley (es decir que no contemplaría la licuación de los haberes de los últimos dos meses). El Gobierno también quiere introducir el capítulo de la reforma laboral que estaba en el DNU y fue frenado por la justicia a partir de un planteo de la CGT. El objetivo es neutralizar los frenos que encontró el decreto de necesidad y urgencia mediante la sanción del capítulo del trabajo vía ley.

Esos son los puntos que el Gobierno pretende llevarse como parte del “preacuerdo” del Pacto de Mayo, una escala intermedia para luego habilitar la discusión sobre los diez “mandamientos” que enunció Milei el 1º de marzo y que quiere que sean firmados en Córdoba el día patrio.

A cambio -”como gesto de buena voluntad”, dijo Milei- el Gobierno habilitará hoy la discusión sobre el pacto fiscal con los gobernadores, a los que les viene retaceando fondos desde el día uno. El punto más conflictivo es el del método para revertir la caída de la coparticipación que tuvieron las provincias con la reforma del impusto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa (y votó el presidente actual) en plena campaña electoral, que eliminó la cuarta categoría del gravámen e hizo que 800.000 asalariados dejaran de pagar el tributo.

La Casa Rosada quiere restituir los fondos coparticipables mediante la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Y rechaza compensar a las provincias con otro mecanismo, como el impuesto al cheque o la coparticipación del impuesto PAIS, como pidieron los mandatarios en enero. Milei quiere compartir con los gobernadores el costo político de restituir el impuesto que pesa sobre los salarios, dado que será un golpe al bolsillo para la clase media con mayores ingresos.

El asunto tiene una dificultad adicional, que sin dudas estará en la mesa de discusión, vinculada a la retroactividad. Francos señaló ayer que, si no se subsana la ley, el Gobierno quedaría en condiciones de cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva por defectos en la ley que impulsó el exministro de Economía.

Advirtió que, si no se acuerda la corrección de ese punto en el Congreso, un grupo de empleados técnicamente quedaría en deuda con el fisco, porque surgirían diferencias entre el impuesto determinado para todo el año y la suma de los montos descontados mensualmente, porque hubo cuatro meses de 2023 en los que el impuesto no se cobró.

La Nación