
Por amplia mayoría, la oposición logró aprobar el aumento a los jubilados en Diputados
Política04/06/2025Recibió media sanción el aumento del bono a 110 mil pesos, y el incremento de haberes en 7,2%.
Por Aries, el dirigente nacional de Política Obrera consideró que la advertencia de Rodolfo Barra – “si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente”, dijo en Diputados – desnuda la intención del Ejecutivo en cuanto a sus iniciativas y su discusión en el Congreso.
Política10/01/2024En el Congreso de la Nación se llevan adelante plenarios de Comisión con la presencia de representantes del Ejecutivo nacional; la intención es que los legisladores puedan evacuar sus dudas respecto a la Ley Ómnibus a partir de preguntas realizadas a los funcionarios.
Este martes estuvo presente Rodolfo Barra – procurador del Tesoro – quien, al momento de exponer, lanzó una curiosa frase que despertó el repudio de muchos de los presentes: "Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también. Para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente, si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer".
Ante la reacción, minutos después, el funcionario intentó explicar sus dichos y bajar el tono de la discusión.
“Rodolfo Barra es un muy experimentado abogado, sabe lo que quiere y lo que dice, y no se le escapó decir que la crisis económica es incompatible con un régimen constitucional”, disparó Jorge Altamira - dirigente nacional de Política Obrera - al consultado sobre lo ocurrido, y advirtió: “Lo que dijo es que, para salir de la crisis económica, hay que violentar la Constitución”.
Para el dirigente, desde el punto de vista democrático, si cada vez que el país enfrenta una dificultad – por más grande que sea – se violenta la Constitución, que claro que ya no vivimos en un régimen constitucional.
“Lo que dijo Barra es: me aprueban esto o vamos con Milei a un régimen de DNU”, señaló Altamira, y continuó: “Nosotros caracterizamos que aquí hay una tentativa de golpe de Estado. Uno puede tener un adversario que está en el gobierno y luchará, habrá manifestaciones, huelga, se luchará de distintas maneras, pero si se está ante un golpe de Estado es otra cosa, ese gobierno no puede continuar”.
Recordó, en tanto, que en plena campaña electoral de 2023, Política Obrera caracterizaba que, independientemente de quién resultara vencedor, Massa o Milei, el golpe de Estado económico no era una elección de estos candidatos, sino que se trataba de un mandato político de grandes intereses económicos para el gobierno que fuera electo.
“Ese fue un pronóstico certero. Ahora, el golpe de Estado económico ya indicaba que se iba a recurrir a medidas de emergencias por parte del Ejecutivo. El DNU en vigencia y la Ley Ómnibus no son un golpe de Estado económico, son un golpe de Estado liso y llano”, sentenció Altamira.
Recibió media sanción el aumento del bono a 110 mil pesos, y el incremento de haberes en 7,2%.
El presidente aseguró que en caso de que el proyecto de incremento en los haberes jubilatorios sea aprobado en la Cámara alta lo vetará.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. El texto establece que la Unidad contará con autonomía administrativa, financiera y operativa; limita el tiempo de un administrador en el cargo, delimita la rendición de cuentas, entre otros puntos.
La cita fue en Plaza 9 de Julio y concentró a jubilados, investigadores del CONICET, trabajadores del INTA, sindicatos, actores y autoconvocados. “Está cambiando el humor social”, señalaron.
El Proyecto de Ley busca garantizar en todo el territorio provincial, legalidad, seguridad y calidad en el servicio de transporte de pasajeros que se brinda por medio de aplicaciones digitales. En el inicio del análisis, Senadores recibieron a autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).
La concejal Alicia Vargas se manifestó, luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos imputara a exfuncionarios de la gestión de la exintendenta Bettina Romero.
La Fiscalía investiga maniobras que habrían generado pagos por trabajos no realizados, con certificados falsos y posible encubrimiento de funcionarios de la Municipalidad de Salta.
Los detalles los precisó el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, en diálogo con Aries. Explicó que significará una inversión de $436 millones mensuales.
El procurador, Matías Risso, adelantó que el municipio se constituye en querellante y, eventualmente, reclamará el resarcimiento económico.
El presidente del Foro de Intendentes de Salta confirmó que los jefes comunales le pidieron que busque un nuevo mandato.
El proceso judicial se inició luego de que el cuaderno personal de la joven señalara al acusado, lo que llevó a la detención y enjuiciamiento de Carlos Ezequiel González en La Pampa.