Villarruel desmintió a Cecilia Pando y negó contacto con los familiares de represores

Que Victoria Villarruel y Cecilia Pando no se hablen viene de larga data. Pero desde que la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) es vicepresidenta, se convirtió en una pieza fundamental para las organizaciones que reclaman por "la memoria completa" y por la liberación de los represores detenidos por crímenes de lesa humanidad, una bandera que las unió allá por los 2000.

A menos de un mes del traspaso de mando, el gobierno de Milei recibió otro dolor de cabeza luego de que Pando y quince familiares de represores le "exigieran" que "cumplan con las promesas hechas a familiares de las víctimas del terrorismo judicial", abriendo el interrogante sobre algún tipo de acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo respecto a la situación judicial de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, algo que fue posteriormente desmentido por la vicepresidenta.

"Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre?", cierra el texto publicado en La Nación, con una pregunta retórica que pareció un dardo a Villarruel, que no solo es hija de un militar sino que hizo de su militancia en favor de "las otras víctimas" su trampolín político.

La misiva, en tanto, generó revuelo por las supuestas promesas que le habría hecho el binomio presidencial a este sector cuando todavía estaba en campaña y que le echaron en cara en los últimos días. "Hubo personas (que firman esta carta) que hablaron con Villarruel", dijo Cecilia Pando a Ernesto Tenembaum en Radio con vos. Y agregó: "Victoria se dedica al tema de las víctimas del terrorismo y a solucionar ese tema; y después se le habrá planteado el tema jurídico de los militares".

La desmentida de Villarruel

Pero promesas, per se, no hubo. Al menos en eso coincidieron tanto fuentes cercanas a Villarruel como la propia Pando en diálogo con PERFIL. "Hablamos con el entorno para contarles la situación ilegal de los militares que combatieron el terrorismo. Prisiones preventivas excesivas hasta los 20 años, salidas transitorias se los niegan, adultos mayores que les niegan prisión domiciliaria", apuntó, y agregó que la respuesta del Ejecutivo fue que "iban a estudiar el tema y ver qué podían hacer".

La versión de Pando se contradice con la de Villarruel, que mantiene la distancia con su ex-compañera de espacio de militancia. Además, la relación se estancó a tal nivel que fuentes cercanas a la vicepresidenta indicaron que "ni ella (Pando) ni su entorno son interlocutores válidos" con el gobierno nacional, lo que incluye a los otros firmantes de la carta de los familiares de represores, entre los que figuran la hermana y la madre de Alfredo Astiz, el represor condenado a perpetua en Francia y en la Argentina.

"Con Pando y su círculo de influencia hace 12 años que (Villarruel) no habla. Y no conoce a la gente que firma esa publicación de La Nación", indicaron a PERFIL desde el entorno de Villarruel.

La vice de Milei basó su carrera política en la defensa de las víctimas de los atentados llevados a cabo por organizaciones guerrilleras en los setenta. Pero tiene un pasado común con Pando: la defensa de los represores detenidos. El asunto las encontró juntas a principios de los 2000 pero el vínculo se rompió cuando Villarruel abrazó la causa de las que llama "las otras víctimas" de la violencia política de los setenta, tal como aseguró el militar Pedro Mercado y marido de Pando.

Las posibilidades de indulto

Las organizaciones que velan por los derechos humanos de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad hablan de "terrorismo judicial", al referirse a aquellos que permanecen detenidos sin condena firme, considerando un "exceso" de las prisiones preventivas. Pando, quizá una de las figuras más conocidas de ese entorno, viene denunciando "detenciones ilegales" y pidiendo por indultos del presidente desde su lugar como presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina.

En campaña, Javier Milei había dicho que "los militares condenados por delitos de lesa humanidad tenían que estar presos", lo que enojó a una buena parte de la familia castrense, en virtud de los derechos humanos de los represores que ahora son adultos mayores.

Pero cuando asumió la presidencia, Milei recibió en manos del diputado libertario Facundo Correa Llano un pedido de la Unión de Promociones para dar una "solución definitiva" a los represores que consideran "injustamente detenidos". Más allá de ciertos gestos del presidente, como haber hecho alusión a un discurso del genocida Eduardo Massera en el primer debate presidencial, se trató de una de las señales más claras sobre el tema y que podría anticipar un cambio en la postura de Milei para ampliar sus apoyos en las Fuerzas Armadas.

En relación a las posibilidades de un indulto o una amnistía, la opinión respecto a su validez está dividida, en especial por los tratados internacionales con rango constitucional que podrían chocar con este tipo de medidas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Pero no deja de ser una posibilidad. "No hay ningún tratado internacional que disponga que los delitos de lesa humanidad son inindultables. Y además, la Convención de Viena, que se refiere a todo lo relacionado con la celebración de los tratados (a la que la Argentina está adherida), dispone que los tratados no son retroactivos", explicó a PERFIL Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

En esa línea, indicó está la ley de 2015 que dispone que los delitos de lesa humanidad no son indultables, pero que tampoco podría aplicarse de manera retroactiva, lo que abriría la chance de que los detenidos puedan recibir ese beneficio presidencial. En ese caso quedará en manos de la Justicia dictar la validez de la medida, que cuenta con el antecedente de la anulación del indulto de Carlos Menem a Jorge Rafael Videla.

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