
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.


La norma, enviada a la Cámara por el Ejecutivo, recibió media sanción por parte de los Diputados. Para la oposición, en tanto, la ley “se utiliza para apartarse de la normalidad constitucional".
Política26/12/2023
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley que prorroga la Emergencia Económica en la provincia.
“Esta norma vienen siendo prorrogadas por todos los gobiernos provinciales sin importar el color político”, aseguró la diputada Patricia Hucena al momento de informar sobre el proyecto.
Destacó, asimismo, la “austeridad” de la Administración Sáenz, siendo que debió cumplir con el pago de 124 millones de dólares de deuda, con una provincia con los sueldos al día y haciendo obra pública.
Para Hucena, ante la crisis y los cambios profundos que atraviesa el país, herramientas como esta “se vuelven imprescindibles” para el Estado salteño para poder mitigar los efectos de la situación y decisiones que se tomen a nivel nacional.
“Ha demostrado ser herramientas valiosas en otros momentos de crisis, proporcionando la flexibilidad necesaria para adaptarnos a circunstancias cambiantes”, sentenció Hucena.

“El año pasado se trató la Emergencia Económica, que se viene prorrogando desde 1990, y así una sociedad no puede prosperar”, disparó su par, Sofía Sierra, tomando la palabra.
Explicó, además, que se trata de una ley ómnibus que contiene una serie de disposiciones que se cumplieron en su momento, pero también tiene entre sus puntos disposiciones que son “inaplicables” hoy en día ya que hacen referencia a leyes que, incluso, ya están derogadas.
“La ley se utiliza como una especie de paragua discrecional, el Estado decide cuáles son los juicios que quiere pagar y, los que no quiere pagar, invoca la ley de Emergencia Económica. Estipulaba el congelamiento de las bacantes en el Estado, por ejemplo, y no se cumplió”, aseguró Sierra, y finalizó: “Aun en momentos de crecimiento se siguió prorrogando esta ley, es decir, se utiliza para apartarse de la normalidad constitucional”.
El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.

Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.

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