Mientras los argentinos votaban entre promesas y frustraciones, los grandes fondos ya habían ganado la elección. En diez días hicieron un negocio que ningún gobierno podría garantizar sin complicidad política.
Protesta
Un importante número de organizaciones piqueteras, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas tomaron posesión de una fecha significativa, en la que se recuerda el punto más alto de una de las crisis de la Argentina. Le adicionaron muchas otras razones para configurar una protesta que, en realidad, tiene al gobierno nacional como su principal objetivo.
Opinión20/12/2023
En cada una de las principales ciudades de todo el territorio nacional, incluida Salta, una movilización que se pretende multitudinaria se convocó para recordar un nuevo aniversario del estallido social que en un día como hoy de 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. A la conmemoración se sumaron otras consignas como el cuestionamiento al “plan motosierra” de ajuste del flamante presidente Javief Milei, que lleva a que también se demande un “paro activo nacional y un plan de lucha" además del rechazo al protocolo antipiquete, aprobado a los fines de evitar que las medidas de restricción del gasto público generen episodios de violencia social.
Es así que el eje principal de la movilización ha quedado tapado frente a la resistencia que produce el avance de un plan de emergencia que se va diseñando de manera paralela a la construcción de un entramado de alianzas políticas para facilitar su concreción. Es que son las crisis de carácter económico las que tienen la capacidad de agitar la participación social en contra de gobiernos que se eligen para su resolución, sin corregir la debilidad original que es de orden político.
Vale entonces rescatar lo acontecido hace 22 años como un eslabón de una cadena de sucesos que tienen puntos en común pero también diferencias notorias, como las que le dan un carácter histórico a la protesta de diciembre de 2001. Se desarrollaron entre el 19 y el 20 de ese mes, provocando la caída del gobierno de la paradójicamente llamada Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, que encabezaba el radical Fernando de la Rúa. Varios íconos quedaron de esas jornadas, como el helicóptero blanco en el que el entonces mandatario abandonara la Casa Rosada, mientras en las calles quedaban muertos, heridos y detenidos en el marco de un Estado de sitio. Un aporte similar hicieron las protestas en diferentes puntos del país, totalizando más de 30 muertes no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia homónima y en la de Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán.
Entre saqueos y cacerolazos se llegó al estallido que venía anunciándose en el malhumor social por el fin de la convertibilidad, un signo de la última década del siglo pasado y por la imposición de un corralito para evitar que se retiren depósitos bancarios. El resto fue de manual: estado de sitio para controlar la violencia social y vía libre a la represión policial. Pese a las medidas extremas dispuestas para asegurar la ley, el orden y terminar con los incidentes, la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” alentó la continuidad de la movilización, hasta la jornada luctuosa del 20 de diciembre y la dimisión presidencial, que abrió la sucesión de cinco presidente en once días.
Es necesario reencauzar al país por la senda del crecimiento pero no usando a los sectores más débiles como variables de ajuste.
No se puede repetir la historia.
Salta, 20 de diciembre de 2023
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