Un importante número de organizaciones piqueteras, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas tomaron posesión de una fecha significativa, en la que se recuerda el punto más alto de una de las crisis de la Argentina. Le adicionaron muchas otras razones para configurar una protesta que, en realidad, tiene al gobierno nacional como su principal objetivo.
Opinión20/12/2023
En cada una de las principales ciudades de todo el territorio nacional, incluida Salta, una movilización que se pretende multitudinaria se convocó para recordar un nuevo aniversario del estallido social que en un día como hoy de 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. A la conmemoración se sumaron otras consignas como el cuestionamiento al “plan motosierra” de ajuste del flamante presidente Javief Milei, que lleva a que también se demande un “paro activo nacional y un plan de lucha" además del rechazo al protocolo antipiquete, aprobado a los fines de evitar que las medidas de restricción del gasto público generen episodios de violencia social.
Es así que el eje principal de la movilización ha quedado tapado frente a la resistencia que produce el avance de un plan de emergencia que se va diseñando de manera paralela a la construcción de un entramado de alianzas políticas para facilitar su concreción. Es que son las crisis de carácter económico las que tienen la capacidad de agitar la participación social en contra de gobiernos que se eligen para su resolución, sin corregir la debilidad original que es de orden político.
Vale entonces rescatar lo acontecido hace 22 años como un eslabón de una cadena de sucesos que tienen puntos en común pero también diferencias notorias, como las que le dan un carácter histórico a la protesta de diciembre de 2001. Se desarrollaron entre el 19 y el 20 de ese mes, provocando la caída del gobierno de la paradójicamente llamada Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, que encabezaba el radical Fernando de la Rúa. Varios íconos quedaron de esas jornadas, como el helicóptero blanco en el que el entonces mandatario abandonara la Casa Rosada, mientras en las calles quedaban muertos, heridos y detenidos en el marco de un Estado de sitio. Un aporte similar hicieron las protestas en diferentes puntos del país, totalizando más de 30 muertes no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia homónima y en la de Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán.
Entre saqueos y cacerolazos se llegó al estallido que venía anunciándose en el malhumor social por el fin de la convertibilidad, un signo de la última década del siglo pasado y por la imposición de un corralito para evitar que se retiren depósitos bancarios. El resto fue de manual: estado de sitio para controlar la violencia social y vía libre a la represión policial. Pese a las medidas extremas dispuestas para asegurar la ley, el orden y terminar con los incidentes, la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” alentó la continuidad de la movilización, hasta la jornada luctuosa del 20 de diciembre y la dimisión presidencial, que abrió la sucesión de cinco presidente en once días.
Es necesario reencauzar al país por la senda del crecimiento pero no usando a los sectores más débiles como variables de ajuste.
No se puede repetir la historia.
Salta, 20 de diciembre de 2023
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.