Un importante número de organizaciones piqueteras, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas tomaron posesión de una fecha significativa, en la que se recuerda el punto más alto de una de las crisis de la Argentina. Le adicionaron muchas otras razones para configurar una protesta que, en realidad, tiene al gobierno nacional como su principal objetivo.
Opinión20/12/2023
En cada una de las principales ciudades de todo el territorio nacional, incluida Salta, una movilización que se pretende multitudinaria se convocó para recordar un nuevo aniversario del estallido social que en un día como hoy de 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. A la conmemoración se sumaron otras consignas como el cuestionamiento al “plan motosierra” de ajuste del flamante presidente Javief Milei, que lleva a que también se demande un “paro activo nacional y un plan de lucha" además del rechazo al protocolo antipiquete, aprobado a los fines de evitar que las medidas de restricción del gasto público generen episodios de violencia social.
Es así que el eje principal de la movilización ha quedado tapado frente a la resistencia que produce el avance de un plan de emergencia que se va diseñando de manera paralela a la construcción de un entramado de alianzas políticas para facilitar su concreción. Es que son las crisis de carácter económico las que tienen la capacidad de agitar la participación social en contra de gobiernos que se eligen para su resolución, sin corregir la debilidad original que es de orden político.
Vale entonces rescatar lo acontecido hace 22 años como un eslabón de una cadena de sucesos que tienen puntos en común pero también diferencias notorias, como las que le dan un carácter histórico a la protesta de diciembre de 2001. Se desarrollaron entre el 19 y el 20 de ese mes, provocando la caída del gobierno de la paradójicamente llamada Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, que encabezaba el radical Fernando de la Rúa. Varios íconos quedaron de esas jornadas, como el helicóptero blanco en el que el entonces mandatario abandonara la Casa Rosada, mientras en las calles quedaban muertos, heridos y detenidos en el marco de un Estado de sitio. Un aporte similar hicieron las protestas en diferentes puntos del país, totalizando más de 30 muertes no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia homónima y en la de Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán.
Entre saqueos y cacerolazos se llegó al estallido que venía anunciándose en el malhumor social por el fin de la convertibilidad, un signo de la última década del siglo pasado y por la imposición de un corralito para evitar que se retiren depósitos bancarios. El resto fue de manual: estado de sitio para controlar la violencia social y vía libre a la represión policial. Pese a las medidas extremas dispuestas para asegurar la ley, el orden y terminar con los incidentes, la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” alentó la continuidad de la movilización, hasta la jornada luctuosa del 20 de diciembre y la dimisión presidencial, que abrió la sucesión de cinco presidente en once días.
Es necesario reencauzar al país por la senda del crecimiento pero no usando a los sectores más débiles como variables de ajuste.
No se puede repetir la historia.
Salta, 20 de diciembre de 2023
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
El presidente del IMAC, Fernando Saavedra, negó las acusaciones del médico Edmundo Falú y sostuvo que existen pruebas que demuestran su participación profesional en la clínica.
El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, afirmó que desde el propio Gobierno interpretaron la suspensión de prestaciones al IPS como un movimiento político. Negó vínculos partidarios y aclaró su relación con el senador.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.