Diputados aprobaron un proyecto de ley – enviado por el Ejecutivo salteño – para actualizar los montos que se cobran por los trámites que se realizan a la hora de ejercer la actividad. Así, la norma eleva la cantidad de unidades tributarias que deben pagarse, unidad cuyo valor, además, ya fuera actualizado por Rentas.
Política 05/12/2023
El Ejecutivo salteño envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que modifica el artículo 29 apartado 3° de la Ley N° 6611. Dicha normativa establece la cantidad de unidades tributarias aplicables a los trámites mineros que se realizan ante la Secretaría de Minería y Energía y el Juzgado de Minas.
En este sentido, la diputada Socorro Villamayor, al momento de informar sobre el proyecto, explicó que la ley impositiva en cuestión fue sancionada en 1990 y que fue modificándose cada cierto tiempo, sin embargo, ninguna de estas actualizaciones fue sobre las unidades tributarias.
“La Provincia tiene como política de Estado la minería; promueve la inversión, garantiza la seguridad jurídica y tenemos un número importante de leyes que determinan procedimientos, un Juzgado de Minas, pero, en la práctica, no se actualizaron los valores para los distintos trámites mineros”, señaló.
Así – continuó la diputada – un permiso de cateo, por ejemplo, tenía el valor de 150 unidades tributarias, con un valor de $7 por unidad tributaria en el año 2022, es decir, realizar el trámite significaba $1050. A partir de la sanción de ley, ese mismo trámite pasaría a significar 400.000 unidades tributarias y a ello se suma que la Dirección General de Rentas ya elevó el valor de la unidad a $11, por lo que el valor del trámite se eleva a $4.400.000.
“La modificación se hace porque debemos considerar que la actividad minera creció notablemente. En Salta la superficie minera creció un 150%”, advirtió Villamayor, y aseguró que el fin último de la modificación es evitar la especulación minera, es decir, al ser los trámites tan baratos, cuando una mina queda bacante ocurre que se presentan muchos solicitantes que, lejos de pretender poner en marcha proyectos del área, solo esperan hacerse con la mina para - un vez que crezca el valor con el tiempo - venderla a un precio más alto.
El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.
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