El límite está impuesto por ley pero medió un pedido de postergación presentado por un candidato presidencial, que habilitó la posibilidad que la propuesta que llegue al Congreso tenga la participación del sector político que se imponga en las elecciones generales del 22 de octubre.

El requerimiento de  Javier Milei suena razonable, como también los reparos expresados por Juntos por el Cambio. El planteo de La Libertad Avanza considera importante que se permita la intervención de quienes serán los que deben ejecutar el presupuesto pero es atendible la advertencia de la oposición en orden a incumplir una ley “entrando a una dimensión institucional desconocida”.

Si bien cada cuatro años se plantea la instancia de tratar el esquema de recursos y gastos para el período fiscal posterior en medio de un proceso electoral del que surgirá el Ejecutivo que deberá aplicarlo, la extrema paridad que se verifica en esta oportunidad ha generado un fuerte clima de tensión en torno de la decisión cívica. De todas maneras es discutible que justifique “dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación de presentar el proyecto de Presupuesto”, como ha requerido Milei, porque implica la suspensión de la aplicación de una ley, elemento ordenador por excelencia.  

La inestabilidad de la situación económica puede ser un factor para justificar la postergación, observaron los especialistas. Cabe recordar que en junio pasado se conocieron los primeros números del proyecto de Presupuesto 2024, en un informe que se gira como anticipo al Congreso y que en tiempo y forma fuera presentado por el ministro de Economía y ahora también candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Se indicó en ese informe que  el Poder Ejecutivo espera que este año termine con una caída en el nivel de actividad por efecto de la sequía, por lo que el año próximo tendría lugar un rebote, con un repunte en la recaudación de retenciones, que sería cuatro veces más grande que en 2023. El equipo económico estimó a mitad de este año que la recaudación correspondiente a la Administración Nacional resultará alrededor del 106% superior a 2023 y mostrará un aumento de 0,18 puntos porcentuales en términos del Producto Bruto Interno.

Según el anticipo enviado al Parlamento, se proyectó una recuperación de la actividad económica en 2024 respecto de 2023 motorizada por la recuperación del sector agropecuario, debido centralmente a la recuperación prevista en la cosecha de soja y maíz. También se prevé “la recuperación de todos los componentes de la demanda agregada, en particular el consumo privado y la inversión, manteniendo un sendero de crecimiento en 2025-2026”.

Por entonces estaba en marcha la quinta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. El contexto ya era complicado porque la sequía ya reducía significativamente los recursos esperados del Tesoro. Esa particularidad impidió que en ese anticipo no estuviesen estimadas  cifras decisivas de la macroeconomía, como la inflación, el precio del dólar esperado y otras como el volumen de exportaciones e importaciones proyectado para el año siguiente.

Respecto al precio del dólar que administra el Banco Central, el avance presupuestario solo se informaba que “para el tipo de cambio real en 2024 se espera una leve apreciación” y se planteaba que para el período 2024-2025, se espera que el tipo de cambio nominal siga acompañando la reducción de la inflación”, evolución que no se ha verificado. Además, las intempestivas medidas con sesgo electoralistas dispuestas el ministro candidato hacen presuponer que tampoco podrán verificarse estimaciones de crecimiento de recaudación, como la del Impuesto a las Ganancias, que en ese informe está estimado en un 105%.

Debe apreciarse que estas cuestiones son vertebrales para la administración del Estado. Deben tratarse con el mayor cuidado, poniéndolas al margen de una puja de poder.

Salta, 14 de septiembre de 2023