
Se trata de dirigentes de Pro como Cristian Ritondo y Diego Santilli, además de intendentes macristas como el marplatense Guillermo Montenegro, pero también otros 30 alcaldes radicales con peso electoral.
Se manifestaron sobre el caso del niño de 11 años que falleció, cuya madre está imputada. Ediles confirmaron que la escuela activó el protocolo ante signos de violencia pero que la Justicia no hizo un seguimiento.
Política06/09/2023Al igual que ocurrió este martes en la cámara de Diputados de la provincial, en el Concejo Deliberante el edil Pablo López también se refirió al caso de Leonel, el niño de 11 años de Barrio Solidaridad que falleció la semana pasada, cuya madre se encuentra detenida e imputada.
“Hablamos de un joven que había pedido ayuda, que ya había manifestado lo que sufría y el Estado no hizo nada, un Estado que sabía y su burocracia, sus lentos procesos llevan a que Salta tenga un niño menos que no pudo concretar su infancia”, expresó y detalló “el 17 de marzo había avisado en su escuela que en su casa le habían dado una paliza fenomenal y se lo veía, lo veían los docentes, directores y está claro que la escuela comenzó el debido proceso”.
López remarcó que existen casos anteriores como el de Thiago Quipildor y el de Francesca, donde se restituyó a los menores a sus hogares o progenitores, y terminaron perdiendo la vida.
“Si uno se pone a mirar agras probablemente no es el primer caso y probablemente no sea el último, si nos vamos al 2021 el caso de Franchesca que la Justicia la restituyo a su madre y falleció porque no le daban de comer, la violentaban, una bebé de meses, su madre está en prisión pero achicharon la causa contra empleados, jueza, asesores de menores que debía velar por su vida”.
En este sentido, el edil recordó que el Concejo Deliberante aprobó en 2021 la ordenanza 16.050 para que la Ley Lucio se refleje a nivel municipal, pero aclaró “esto no va a ser suficiente si lo judicial no avanza y no hace lo suficiente”.
A su tiempo la concejal Laura Jorge señaló que se desempeña como docente en la escuela 4.811, misma a la que el niño asistía, por lo que confirmó que “desde la escuela se activó el protocolo en el mes de marzo, se labraron las actas, se hizo la denuncia policial y eso fue elevado a la Justicia”, pero criticó el accionar posterior.
“Se cita a la madre, se lee un artículo donde dice que no puede ejercer violencia contra el menor y se lo restituye a su casa, pero eso no es suficiente ¿no tiene que haber un seguimiento de un niño que está en riesgo? pasaron seis meses y hoy un desenlace tan fatal”, manifestó.
Al respecto Jorge apeló a que “la Justicia investigue y los responsables paguen por esto porque no hay solo responsables por acción sino por omisión, hay personas que ocupan cargo que deben tomar responsabilidad que merece, se les paga para eso”.
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