Un nuevo frente de lucha se abrió en la Provincia para avanzar contra el tráfico y consumo de drogas.
Decisiones
Los presidentes de Bolivia y de Argentina se reunieron este jueves en Yacuiba y formalmente inauguraron la Línea de Interconexión Eléctrica Internacional entre ambos países. En realidad, está operativa desde marzo pasado pero este acto le permitió al intendente electo de Tartagal estrenar internacionalmente su cargo.
Opinión02/06/2023No es un tema menor. La energía eléctrica, especialmente en el norte de la Provincia es un tema económico y social complejo y para Salta y la región todo movimiento es significativo. Es así que en la misma jornada se anunció que nuevamente se presentó un proyecto de ley en el Congreso para establecer un régimen de zona cálida para el Norte Grande Argentino. Son cuestiones que no logran, pese a su importancia, sobresalir en una situación determinada por un proceso electoral nacional y un estado de alta de conflictividad social.
La interconexión Bolivia-Argentina tiene la línea Juana Azurduy de Padilla de transmisión de 132 kilovatios en 120 km de extensión, la mayor parte en territorio argentino. Une la subestación Yaguacua en el territorio boliviano y la subestación Tartagal en Argentina, permitiendo el transporte de energía eléctrica con una potencia estimada de 120 megavatios.
El mandatario boliviano, Luis Arce, afirmó que la interconexión eléctrica mejorará la calidad de vida de los “hermanos” del norte argentino. Obviamente también la de los bolivianos ya que desde el 13 de marzo, cuando el vecino país comenzó a exportar energía eléctrica a la Argentina, factura por día aproximadamente 106 mil dólares, según datos de la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia.
Para el presidente argentino, Alberto Fernández, la línea formalmente inaugurada lleva la electricidad a los habitantes del norte de Salta y otras regiones de ese sector que por años estaban postergadas. Ambos mandatarios coincidieron en señalar que este tipo de proyectos permite fortalecer la integración de países vecinos.
Lejanos están los años en que era Salta, a través de la DPE, la que abastecía de energía eléctrica a los pueblos bolivianos ubicados en la zona fronteriza. Ahora es Bolivia la que exporta el excedente de la energía eléctrica al norte de la Argentina. El proyecto fue suscrito en 2015 y debieron pasar ocho años para efectivizar la interconexión mediante la línea construida por ENDE, la empresa nacional de energía del vecino país, mediante un contrato con el Banco Central de Bolivia (BCB) que financió la obra.
Franco Hernández Berni, el intendente electo de Tartagal, fue partícipe privilegiado de este encuentro presidencial, aun cuando del lado argentino el mandatario está agotando su último tiempo al frente del país. Para el norteño fue una oportunidad para destacar que la disponibilidad energética promoverá inversiones en la zona.
El próximo paso es concretar la tarifa eléctrica reducida destinada a usuarios –especialmente empresas- acceder al régimen de zonas cálidas, en espejo con los beneficios del área fría en materia de provisión de gas. Fue en 2021 que la región del Norte Grande comenzó a debatir una propuesta con ese fin, que se plasmó ese año en un proyecto de ley que presentara el senador por Salta Sergio Leavy, demandando el beneficio.
Hubo otros proyectos similares en los años siguientes y la propia Asamblea de Gobernadores se hizo cargo de insistir hasta lograr en agosto de 2022 el compromiso del propio Presidente de la Nación de disponer la reducción de tarifas. Pero hasta la fecha no alcanzó el propósito. La ultima embestida se conoció el 1 de junio, a través de un proyecto de la diputada nacional Sofía Brambilla, quien fue acompañada por pares del NOA y del NEA, incluyendo los salteños Carlos Zapata y Miguel Nanni.
Mientras la dirigencia política se desangra en otro proceso electoral, se encuentran resquicios para intentar impostergables decisiones.
Salta, 02 de junio de 2023
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El presidente reglamentará el capítulo de educación de la Ley Bases, que además fija diferentes criterios para distribuir recursos a las casas de altos estudios observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.