El pasado 21 de marzo, en una casa del Barrio Solidaridad, la señora Rosa Aranda fue la víctima más reciente de esta extrema violencia desplegada contra las mujeres, que ya está instalada entre nosotros y que parece ser cada vez más difícil de prevenir y de evitar.

Desde enero hasta el tiempo de escribir estas líneas, en la última semana del mes de marzo de 2023, con la señora Aranda ya fueron diez las mujeres que perdieron la vida en distintas circunstancias, en su gran mayoría en forma violenta. Eso sólo en esta Provincia de Salta.

Desde los organismos oficiales de los tres poderes del Estado provincial, e incluso de alguno de los municipios con mayor cantidad de habitantes, se ha venido formando de todas las acciones desplegadas con el alegado propósito de prevenir la violencia contra las mujeres y en su caso, evitarla.

Como se dijo en el encabezado de la nota, hay veces en que mucho parece poco. Lo que sigue es una simple enunciación de hechos concretos provenientes del poder institucional de Salta; no es excluyente de toda otra medida relacionada, que el oyente podrá agregar, si así lo considera.

El Poder Ejecutivo tiene varios organismos creados para prevenir la violencia contra las mujeres. La Legislatura local ha sancionado más de una ley específicamente dedicada a esa clase de violencia y también se ocupó de darle entidad legislativa concreta a los derechos de la víctima en los procesos penales. Junto al Poder Judicial, ha creado tribunales con competencia específica en la materia. Los tres poderes del Estado provincial tienen más o menos avanzadas sus capacitaciones en el mismo tema, con motivo de la Ley Micaela.

Paralelamente, se disponen con frecuencia ciertas medidas concretas para colocar barreras concretas a los violentos, para estar más cerca de la víctima, para darle mayor seguridad, o bien para que pueda pedir ayuda a la autoridad en casos de suma urgencia. A esos fines, los jueces ordenan restricciones de acercamiento respecto de ciertas personas, conocidas como perimetrales; y entre los organismos de Seguridad y los jueces, se entrega a las mujeres consideradas en riesgo los dispositivos conocidos como botones antipánico. 

Visto así, a la distancia, parece mucho lo que se hizo y se sigue haciendo. Digo parece, porque sigue siendo poco. Hay casos como el de la señora Aldana en que el móvil estuvo fuera de la relación intrafamiliar, porque el acusado de darle muerte era un inquilino en el inmueble de la víctima. Hay casos que sólo podrán direccionarse en contra del marido, pareja o acompañante después de conocido el resultado de la autopsia, y de los estudios complementarios de ciertos órganos de la persona fallecida –tal el caso de Tolombón-. 

La insuficiencia de las respuestas se nota más en la violencia intrafamiliar. Pareciera ser que la persona determinada a continuar ejerciéndola lo hará igual, pese a las perimetrales, pese al botón antipánico, etc. Se dirá que fueron casos aislados, pero ya pasó que el empleado policial dejado de consigna fuera del domicilio se fue del lugar por el tiempo suficiente para que el determinado termine lo que fue a hacer; y ya pasó que otro empleado policial abusó de la mujer que debía cuidar.

Mientras tanto, poco se sabe de la existencia de un lugar seguro, lejos del otrora dulce hogar, para alojar a las mujeres víctimas de algún violento, las más de las veces con hijos pequeños. No termina de asumirse que la violencia de género es cosa seria, trabajo de profesionales, una gran tarea, que exige compromiso y convicción.

Hasta ahora, oficialmente no se conoce el diseño de políticas públicas concretas para hacer frente a esta violencia específica, que se propongan intervenir –dentro de la ley- en la intimidad de los hogares, no mediante cámaras ocultas, sino estando atentos a todas las señales que deja la violencia: en el trabajo de la víctima, en las escuelas donde asisten los hijos, en las voces de los vecinos, por citar sólo lo más evidente, lo que está casi a la vista.

Seguramente volveremos de ocuparnos de esto.