Al margen de los análisis periodísticos y de especialistas, una Fiscalía tuvo que intervenir en vísperas de una campaña que se llevará adelante disponiendo que un candidato no concurra a reuniones, porque es una restricción ya dictada en el marco de una causa en la que está imputado. La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, resolvió ayer con su oposición la apelación que presentara Manuel  Cornejo, quien pretende recuperar la intendencia de Campo Quijano, a la que virtualmente habría vaciado en sucesivos mandatos. Mientras se aguarda el juicio en su contra, el dirigente tiene prohibido organizar y asistir a reuniones como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Además, la fiscal informó que investiga una nueva denuncia en contra del candidato por el frente kirchnerista "Entre Todos" que lleva como candidato a gobernador a Walter Wayar. El de Cornejo es un caso emblemático entre casi una docena de otros intentos de políticos beneficiados por un sistema judicial que, en protección del principio de inocencia, tolera recursos que dilatan el inicio de juicios o de apelaciones que no permiten que las sentencias queden firmes. 

Otra situación llamativa es la del departamento de Rosario de la Frontera, en el que los tres principales frentes sostienen candidaturas de dirigentes que tienen graves causas en trámite. Vamos por Salta y Unidos por Salta, que apoyan la candidatura a la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, postulan respectivamente al actual intendente Gustavo Solís y al concejal –oportunamente expulsado de la Cámara de Diputados- Kuldeep Singh. Solís está imputado en una causa por peculado abierta por denuncia de la Auditoría General de la Provincia  y Singh espera nueva fecha de inicio de un juicio por robo a mano armada a una empresa de alimentos. El tercer imputado, con pedido de elevación a juicio por reiterados hechos de violación de derechos humanos en su condición de efectivo policial, cometidos en 2014; en 2015 y 2021, este último de violencia de género, es el actual diputado Gustavo Orozco. Es el candidato de Avancemos.

Se debe reconocer que la Justicia está actuando conforme a los procedimientos que rigen la actividad del servicio pero ello permite que ciudadanos reivindiquen su derecho a postularse a un cargo electivo, por encima de una actitud ética que debiera obligarlos a marginarse hasta tanto se demuestre que los cargos en su contra no son ciertos. Tendría que hacerlo Julio Jalit, propuesto por Primero Salta en Pichanal. En octubre de 2022 se elevó a juicio la causa abierta en su contra  por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito, utilización de residuos peligrosos que contaminaron el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente. En 2003 inició como empleado de una estación de servicio el primero de sus cuatro mandatos; dieciséis años después era uno de los hombres más ricos del Departamento Orán, sin que ningún organismo de control de la Provincia conozca cómo evolucionó su patrimonio personal, porque nunca presentó las declaraciones juradas que estaba obligado a entregar a la Escribanía de Gobierno.

Hay otros nombres vinculados a serios delitos, incluso corrupción de menores, cometidos desde la función electiva que ejercían y pretenden regresar. Debieran encontrar un obstáculo legal más efectivo que la ficha limpia aprobada en la Salta, sin que se señale que se trata de una proscripción.

Ante esa ausencia, queda el recurso del voto ciudadano. También el derecho y deber de votar debe ser un ejercicio ético.