El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Rodrigo Solá, explicó por Aries los fundamentos por los que solicitaron al Ejecutivo provincial la derogación del polémico decreto.

Según señaló el abogado, presentaron una observación técnica con recomendaciones sobre la derogación. “Hicimos una análisis exhaustivo desde lo formal hasta las consecuencias prácticas que podría tener el protocolo. Creemos que puede generar un efecto contraproducente que derive en mayor violencia institucional, represión. Para no tener que intervenir en ese momento tardío, se lo planteamos preventivamente al Gobernador para que lo derogue”, indicó.

Apelando a normativas internacionales en materia de derechos humanos, remarcó que las manifestaciones públicas están amparadas por estos derechos fundamentales y que “en democracia debería permitirse el libre juego de esos derechos”, generalmente de colectivos  que no encuentran respuestas por otros canales.

Observó que el decreto “no explica cómo la operativa que plantean va a solucionar el problema y no lo va a agravar”, y resaltó que limitar los derechos constitucionales no es facultad del Ejecutivo.

“En la fundamentación se concentran en Orán y Tartagal, pero el protocolo se hace extensivo a cualquier tipo de concentración de personas por un fin común. Hasta un festejo por un evento deportivo podría estar incluido. Nos parece muy riesgoso”, concluyó.