Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el  último viernes la segunda etapa de una nueva versión del mecanismo “anti inflación" que se aplica a través del control de precios, confirmó que sus alcances llegaban a un ámbito vertebral. Destacó que del análisis de la evolución de la inflación durante 2022, el INDEC determinó que el rubro Educación tuvo un incremento del 83%, que si bien se ubica unos 12 puntos por debajo de la inflación anual, se concentró en los meses finales y tuvo un impacto significativo en las cuotas y en las matrículas de inscripción de 2023. Algunas provincias han autorizado aumentos de hasta 40% para marzo. 

De allí es que se estableció un criterio único para todo el país, que se anunciará el miércoles en el Consejo Federal de Educación, con una pauta que bajará un 40% en promedio el aumento inicial establecido. El titular del Palacio de Hacienda señaló que hasta el 30 de junio, el valor de las cuotas de los colegios no podrá aumentar por encima del 3,5%. De inmediato se conoció el rechazo por parte de las empresas que prestan ese servicio.

Desde las asociaciones que nuclean a los propietarios de colegios privados enfáticamente destacaron la imposibilidad de cumplir con ese propósito por varias razones. La principal es que el valor de las cuotas está vinculado al incremento salarial docente. Ese condicionamiento, en principio, marca la evolución del precio de la educación privada. 

Tanto los colegios confesionales como los laicos reconocen esa limitación, aun cuando entre los primeros, la mayoría de los católicos cuentan con subsidios significativos y los segundos están estrenando un aporte del 15% sobre la masa salarial. Roberto Suaina, titular del CONSUDEC, explicó que es inaplicable teniendo en cuenta que los últimos incrementos salariales acordados en Salta, superan el 10% en los últimos dos meses. 

No se trata de una cuestión que afecte a un sector que voluntariamente elige un modelo de educación para sus hijos. Es un derecho constitucional y, en no pocos casos, su ejercicio es promovido por las circunstancias que atraviesa la educación de gestión estatal. La educación privada es incluida en la planificación de la prestación del servicio educativo, obligación excluyente del Estado, ya que cubre parte de la demanda de matrícula anual.  En Salta, un 13% de la misma es cubierta en 2023 por colegios privados, que vienen registrando un éxodo de alumnos, que se verá reflejado en el colapso de los del sector público. 

El inicio del ciclo lectivo en toda la provincia es el 27 de este mes y con vistas a esa apertura se están invirtiendo desde fines de enero más de 120 millones de pesos en las escuelas dependientes del Ejecutivo. Esa cifra cubre algunos arreglos menores en los edificios y el desmalezamiento, que comenzará en estos días; también se incluye la reparación de los efectos ataques vandálicos, perdieron materiales escolares o sufrieron daños edilicios, como consecuencia de la falta de seguridad.

Cabe señalar que el presupuesto general de la Provincia es de 618 mil millones de pesos para este año y el que se destina a Educación asciende a casi el 42% del total, con una cifra de $193 mil millones. De las tres áreas prioritarias de gobierno es la que se ubica a la cabeza en la distribución de recursos, seguida por la de salud y seguridad. La mayor inversión en el sector se destina al pago de haberes al personal, por lo que el crecimiento de la infraestructura es limitado y  con ello, la satisfacción con calidad  de la demanda de matrícula.

La educación es un tema social que compromete a todos y las decisiones que se adopten en ese ámbito obligan a la más amplia participación.

Salta, 06 de febrero de 2023