No necesariamente debe aguardarse que el vecino conozca lo que es la norma fundamental del municipio, que respeta las bases constitucionales establecidas por la ley suprema provincial y por la Constitución Nacional. Con esa guía, la Carta Municipal fija derechos y obligaciones, la organización de los poderes y la determinación de las atribuciones municipales, además de objetivos, metas y propósitos que asumen los que integran la sociedad comunal. En síntesis, estructura la vida comunitaria y el gobierno de la misma, exponiendo los lineamientos básicos que rigen la convivencia, generando herramientas para la cohesión social, el desarrollo local y el fortalecimiento democrático.

El Municipio de la Capital tiene su carta desde 1988 y pese a las reformas constitucionales nacional de 1994 y provincial de1998 – a la que se sumó la de 2021-, el Concejo Deliberante propuso en 2011 adecuarla incorporando derechos y estableciendo la participación ciudadana, reforzando la transparencia en el ejercicio de la administración con el fortalecimiento de organismos de control municipal. También proponía incorporar instituciones y organismos creados por ordenanza, como el Defensor del Pueblo y la Oficina Anticorrupción. Declarada la necesidad, en 2014, el entonces intendente capitalino Miguel Isa creó una comisión consultiva que realizó un trabajo de análisis y propuestas pero no hubo avances concretos en ese sentido.

Desde mediados de este año, otra comisión especial puso manos en la obra e inició un proceso de consultas a distintos sectores, tanto de la política como de la sociedad civil. El resultado se observó en la sesión de este miércoles cuando el consenso alcanzado en la mesa de trabajo que integraron representantes de los distintos bloque, permitió la sanción de la declaración de la necesidad de la reforma, en la que también la Intendencia tiene interés aunque su titular no participó en el período de consulta. El mismo pasa por demarcar tajantemente cuál es el rol del ejecutivo y del legislativo para evitar relaciones conflictivas entre los dos estamentos del gobierno municipal.

Trabajar sobre el interés en el vecino, pensando en la ciudad que se desea construir fue la premisa, se dijo en el debate de ayer. De ello resultó la definición de los aspectos a reformar partiendo de la adaptación a la reforma de diciembre pasado, que extendió el mandato de los concejales. La profundización de la participación social a través del Consejo Asesor Municipal y la Banca del Vecino son puntos a incorporar en la Carta Municipal para el caso que se reforme, como así también políticas públicas de igualdad y perspectivas de género. Es amplia la lista de cuestiones que una convención deberá analizar a la luz de la ordenanza sancionada, muchas de las cuales fueron objeto de tratamiento en el presente año legislativo y algunas llegaron a plasmarse en normas aguardando el momento reformador. Principios de Ética Pública, la incorporación de mecanismos que aseguren la información pública, la regulación de la publicidad oficial, estableciendo modos impersonales para su realización y la obligatoriedad de ficha limpia para el ejercicio de funciones en el Ejecutivo y Legislativo Municipal son parte de esa lista.

Una reforma de esta naturaleza plantea exigencias que van desde su propia génesis a aspectos instrumentales. Treinta y cuatro años de vigencia son suficientes para tener una opinión formada respecto de vacíos, falencias, excesos, vicios, que pueden estar afectando a la carta vigente y la adecuación a los nuevos tiempos no es un dato menor.

Con un proceso electoral en marcha, todo se trata de tomar decisiones.

Salta, 01 de diciembre de 2022