Tres artículos bastan para mantener por otro año una situación de excepcionalidad en materia económica a favor del Estado por razones poco claras si se atiende a la fundamentación dada por la miembro informante del dictamen de mayoría, la oranense Patricia Hucena, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Según su explicación, desde 1990 –cuando se sanciona la Ley 6.583, de Reforma Administrativa y Emergencia Económica- las condiciones adversas no han cambiado; en realidad, se han profundizado. También se prorrogó desde su vencimiento y por el término de un año, la vigencia de la Ley Nº 7125, que en 2001 determinó la adhesión a la ley nacional de la misma naturaleza.

Lo que se debe interpretar de las exposiciones del oficialismo es que la situación nacional determina la continuidad en un estado previsto para un corto lapso -como todas las emergencias vigentes, que son llamativamente numerosas-  pero que se extiende en el tiempo sin visos de limitación. En el debate suscitado ayer en la Cámara de Diputados, que le dio a la iniciativa girada por el Ejecutivo la media sanción, quedó en claro la fuerte dependencia del Tesoro provincial al nacional pero también la escasa disciplina fiscal de los gobernantes.

Si bien se intentó unificar los intereses de la sociedad con los de la administración del Estado, se explicó la prórroga en la necesidad de proteger a esta última “de pagos extraordinarios de deudas contraídas por gobiernos anteriores”, según la vocera del oficialismo. Es cierto que hay un marco escasamente promisorio para el desarrollo económico, tanto a nivel local como nacional e internacional, pero la situación de emergencia habilita facultades también extraordinarias para el gobierno que “debe tener una capacidad de reacción rápida”, que no es otra cosa que saltear el intrincado camino de los mecanismos de control de gastos, como son las licitaciones públicas. 

Esa es una de las claves de la prórroga dispuesta; otra no menos significativa fue expuesta por Fernando Albeza, un diputado oficialista más especializado en la temática.  Destacó que es el país el que está en emergencia y en ese orden Salta no puede ser una excepción teniendo en cuenta que tiene una dependencia del 80% de recursos nacionales y se debe mantener la suspensión de la ejecución de sentencias, contenidas en un solo capítulo de la norma promulgado por el gobierno de Hernán Cornejo, el segundo gobernador de la recuperada democracia.

En ese punto quedó en claro que la razón asistía a los voceros de la oposición que destacaron que los propósitos de la ley de emergencia estaban alcanzados o habían caducado al perder vigencia un conjunto de regímenes promocionales como el industrial, el minero, el turístico y el económico en general. Desde ese sector se reclamó el blanqueo de los verdaderos propósitos de la prórroga ya que no se visualizan los riesgos sobre el orden de las cuentas ni sobre la reactivación económica.

Las recientes exposiciones del Ministro de Economía en sucesivas reuniones preparatorias del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 dieron cuenta del saludable estado de las cuentas públicas provinciales, con especial énfasis en un superávit que se ubica, según cuál sea la fuente informativa, entre los 12 mil y 25 mil millones de pesos. Pero aunque es virtuoso, no es lo que se cree, según el oficialismo. Es consecuencia de control, cautela y prolijidad en el manejo de gastos pero es una provisión con destino asignado. 

Es momento de aplicar alguna forma de control social para evitar las manchas que tiene la aplicación de iniciativas como el Fondo de Reparación Histórica o el Bicentenario, que generaron deudas pero cuyo destino es desconocido.

Salta, 30 de noviembre de 2022