En Pasaron Cosas, el abogado y ex policía Rodolfo Serrano, presidente de la Fundación Azul, dio detalles sobre la denuncia que un grupo de familias lleva adelante contra un empleado del Instituto Provincial de la Vivienda por presuntas estafas.

“Jugaron con el sueño de la vivienda propia”, aseveró Serrano afirmando que a las familias denunciantes “les prometieron una vivienda dando una ficha del IPV”, pero la entrega nunca sucedió. “Ellos tenían que cumplir los requisitos y este señor Bejarano les ofrecía que les iba a dar una vivienda de recupero en el barrio El Huaico o en Pereyra Rozas. De esta forma, las familias empezaron a contactarse y han caído 20 familias aproximadamente”, detalló y aseguró que “hay gente de Orán y Tartagal damnificada que están viniendo a radicar la denuncia”.

Según indicó, a las familias les solicitaban la entrega de 600 mil pesos para ser adjudicados, haciéndose de 32 millones de pesos en total. La vivienda llegaría en septiembre, pero esto no ocurrió. “La gente se empezó a preocupar, lo fueron a ver a este empleado en el IPV y el empleado se niega rotundamente”, continuó el abogado con preocupación.

Así, sobre el modus operandi, indicó que el trabajador en cuestión enviaba a un cadete a retirar el dinero, quien se presentaba con dos carpetas, original y duplicado, que llevaban la firma del propio presidente del IPV, Gustavo Carrizo.

Ante esto, Serrano habría enviado una nota a Carrizo, pero no tuvo respuestas. “El Gobernador tiene que intervenir”, dijo al respecto y adelantó que la próxima semana realizarán una movilización.

En referencia a denuncias llevadas adelante contra el Instituto Provincial de la Vivienda, el jefe del área legal de la institución José Hubaide dijo “el mismo día que fuimos notificados sobre la denuncia asistí al requerimiento de la Fiscalía de Delitos Complejos donde tome conocimiento sobre la documentación de los damnificados y estos documentos eran todos falsos. Los membretes de la papelería no pertenecen al Instituto. No es la misma firma y tampoco coinciden los sellos, ni del presidente ni de ninguna autoridad del IPV. Toda esa documentación, tanto en sus contenidos como en sus contenientes, es totalmente falsa”.

“En la fiscalía se está investigando los casos denunciados, a simple vista se observa una supuesta estafa entre particulares donde el IPV y sus empleados no intervienen ni intervinieron, esperando que la investigación avance, como así también los resultados preliminares”. 

El abogado hizo hincapié en que el IPV no tiene gestores, los trámites son personales y gratuitos en las sedes de la institución, también aclaró que no se recibe dinero en efectivo en ninguna oficina, todo aquel depósito en relación a vivienda adjudicada se activa para pagar solo a través del banco. 

Finalmente, el funcionario aclaró que algunas de las familias denunciantes no están inscriptas en el IPV careciendo de ficha social.