El Procurador recordó por Aries que en el año 2018 se declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica “atípica e inusual” dado que ese fallo del Tribunal de Impugnación, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción invocando presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad del avocamiento del juez que había trabajado en esa causa.

A todo ello se suma el hecho de que, cuando la causa llegó al juez Pereyra, con competencia en transición, dispuso su archivo. Así, pese a que hubo planteos de los acusados e inclusive un pedido de sobreseimiento de la defensa del Senador, nada se resolvió bajo el argumento del archivo.

Así las cosas, y después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la decisión de la Corte de Justicia de Salta de apartar al juez del Tribunal de Impugnación, la causa quedó “en una situación actual de indefinición que, necesariamente, debe resolverse”.

“La casusa está mandada a archivo por disposición del juez de transición. Lo que se está analizando es que se va a solicitar el desarchivo y analizar, dentro de todo este contexto de complejidades y nulidades, la forma de reencausar porque no es una causa que esté concluida”, señaló García Castiella. 

Además, consultado sobre las decisiones judiciales en torno a la causa y sus implicancias políticas, se limitó a decir: “No entiendo que haya que analizarlo desde el punto de vista de responsabilidades políticas. Esas decisiones, que fueron durante 2017, 2018, tuvieron la firma de 6 o 7 jueces. Puede ser opinable o no la forma en que han resuelto, pero las decisiones jurídicas no son materia de determinación de responsabilidades políticas”.

“Todos los delitos de la Provincia se van a investigar cómo se está haciendo. Esto está en una situación de indefinición que amerita una respuesta del Estado”, concluyó el Procurador.