Una serie de acuerdos entre ambas jurisdicciones ha dominado la relación financiera entre ellas desde la segunda mitad de la década anterior y fue sorteando las dificultades que el progresivo deterioro de la situación económica del país iba generando. El Pacto Fiscal de 2017 acordaba el virtuoso propósito de una reducción paulatina de impuestos locales a la producción, como lo son los de ingresos brutos y sellos, pero en la mayoría de las provincias ello no ha sucedido.

La última versión libera a los gobernadores de ese límite –que vino suspendiéndose desde 2018 a través de sucesivos pactos- pero permite a la conducción económica nacional retacear transferencias a las provincias, según se concluye del debate que suscitó el tratamiento de la cuestión en la última sesión de la Cámara alta.

Desde que se suscribió, al cierre del pasado año, se consideró que el consenso habilitaba a las administraciones provinciales a retocar los impuestos locales aun cuando impone obligaciones  de control de gasto. Prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deben incrementarse pero permite analizar en el curso del presente ejercicio fiscal la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia. Si bien fue un punto que encendió una luz de alarma, ninguna jurisdicción avanzó en ese sentido. 

En el caso de Salta, la ley 8314, que aprobó en abril el Consenso Fiscal 2.021, establece que la Provincia no modificará las alícuotas de los Impuestos provinciales que se encuentran vigentes desde el ejercicio anterior. Si bien tal disposición significa que no pueden aumentarse, también indica que no habrá reducción pese a que en 2017 aumentaron supuestamente para armonizar con el cuadro impositivo del resto del país y desde ese punto, ir retrocediendo hasta llegar en no pocos casos al cero por ciento. Tampoco se cumplió y en las actuales circunstancias es muy difícil que suceda.

Si bien la aprobación legislativa es necesaria para tornar operativo el Pacto, en el Congreso el proyecto de ley correspondiente aguardó medio año su tratamiento, empujado ahora por la asunción de Sergio Massa al frente de la cartera de Economía. Se aprobó con 45 votos a favor, 15 en contra y una abstención del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical mendocino Alfredo Cornejo.

De los tres senadores salteños, Sergio Leavy y Nora Giménez votaron positivamente aunque no fundamentaron su posición. Desde la oposición, el único miembro del bloque Justicialista 8 de Octubre, senador nacional Juan Carlos Romero, votó declamando que se debe terminar “con los permisos para gastar y endeudarse”. También calificó de inadmisible que como condición para que el pacto fiscal se aplique sea obligatorio renunciar a cualquier reclamo, tachándolo de “traición a la patria” sin señalar que ello ya ocurrió con el pacto que el expresidente Mauricio Macri, del sector al que suscribe este legislador, firmó con los gobernadores, entre ellos el salteño Juan Manuel Urtubey. Con esa firma se desistió de un juicio por cobro de pesos. 

Ahora es el momento del gobernador Gustavo Sáenz. Para asegurar la aprobación nacional del Consenso 2021 deberá convencer a los siete miembros que representan a los salteños. Y no será tarea fácil.

Salta, 11 de agosto de 2022