Estados Unidos compró millones de datos de localización de ciudadanos
Una ONG reveló que el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias de aduanas realizaron "compras masivas", sin orden judicial, para rastrear los movimientos de los ciudadanos a través de telefonía celular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos y sus agencias de aduanas pagaron millones de dólares para "compras masivas", sin orden judicial, de sistemas de geolocalización para rastrear los movimientos de los ciudadanos a través de sus teléfonos celulares, afirmó este lunes la ONG Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La entidad publicó una gran cantidad de contratos entre diversas oficinas del DHS para comprar datos de ubicación recopilados por las empresas Venntel y Babel Street, informó la cadena televisiva estadounidense NBC News.
Los archivos, obtenidos por ACLU el año pasado, a través de una demanda en curso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), "arrojan más luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal", afirmó la organización en un blog, según la agencia de noticias AFP.
Los contratos y otros documentos se obtuvieron a través de la Ley de Libertad de Información.
En 2020, The Wall Street Journal informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE y CBP, respectivamente, en inglés) -integrantes del DHS- compraron sin orden judicial datos para acceder a la ubicación confidencial de ciudadanos.
A raíz de esta publicación, ACLU presentó una demanda para obligar a las agencias a brindarle información.
Los archivos demuestran que el DHS usó "millones de dólares de los contribuyentes para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares" de ciudadanos -estadounidenses y extranjeros- a través de datos que le vendieron las empresas telefónicas, añadió.
ACLU aseguró que se compraron "cantidades masivas" de información a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos protege los datos de ubicación de teléfonos móviles del acceso del gobierno sin una orden judicial.
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