Integración
Tras una semana de incertidumbre, la conducción económica nacional salió a calmar a los mercados y a dar señales a empresas y trabajadores. La reacción fue la esperada y la apropiada a las actuales circunstancias: el dólar frenó cualquier estampida y se observó al Banco Central comprar reservas. Queda en pie la inflación, que genera conductas sociales que no se pueden soslayar.
En línea con ese esfuerzo comunicacional, el Ministro de Economía de la Provincia encajó la situación salteña y no ocultó la inquietud en torno de la asistencia financiera del Gobierno Nacional, especialmente al ambicioso plan de obras públicas en marcha. Es que el equilibrio fiscal es un objetivo –y una imposición- en la gestión del Frente de Todos.
Precisamente, Silvana Batakis destacó la necesidad de dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional, frente al imperativo de reducir el déficit fiscal. El equilibrio fiscal es el camino –en la concepción de la flamante ministra- para dar solvencia al Estado, a fin que pueda actuar como promotor de la actividad económica.
Con ese marco conceptual se han definido medidas puntuales de administración de recursos públicos y en los anuncios se incluyó la obligación de todos los organismos del sector público a realizar un manejo eficiente del presupuesto. Esto significa que las decisiones deben ajustarse a la proyección de la caja real. No se va a gastar más de lo que hay, fue el principio expuesto, junto a la ratificación de mantener las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Esa decisión se vincula a la declaración del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, que expresó su expectativa sobre la continuidad de las obras que se realizan con financiamiento nacional, como la intervención en 14 rutas que están en desarrollo. También se espera lo mismo de los organismos multilaterales, con cuya asistencia está en marcha un plan obras de plantas potabilizadoras, barrios, rutas y hospitales.
En este panorama se inscribe la acción propuesta para demandar mayor federalismo en la distribución de recursos y beneficios en el país. La iniciativa cuenta con el apoyo pleno del sector empresarial y productivo pero también ha ido recogiendo la adhesión –crítica, en algunos casos- de los distintos sectores políticos.
Esa intención, que el gobierno provincial comparte con sus pares de todo el norte del país, es reconocida como una reivindicación y un modelo de gestión política para enfrentar una crisis que golpea de manera inequitativa, con mayor dureza contra esta región. De allí que la mirada desde el sector privado comparte inquietudes, aunque por otras razones, con el sector público.
La pequeña y mediana empresa advirtió, a través de la Cámara que las nuclea, que no soporta mayores ajustes; esto es, no puede enfrentar más restricciones en el acceso a materias primas o insumos para generar productos o prestar servicios, a costos razonables. El campo, en tanto, aguarda mayores precisiones. Se sabe qué se pretende pero no cómo se lograrán los propósitos. Es así que el objetivo de integrar reservas a partir de ingresos producidos por exportaciones tiene para el sector agropecuario salteño algunas debilidades, porque durante el primer semestre ya ingresó el grueso de los recursos por exportaciones que aporta el campo. Esa circunstancia tornaría inútil cualquier intención por incrementar retenciones.
Tras esta primera lectura respecto de la macroeconomía que se está construyendo bajo la nueva conducción, tiene mayor sustento la intención de reclamar más federalismo pero también consolidar la integración regional y sectorial. Frente al poder de las provincias centrales, solo una posición vertebrada por la unidad equilibrará una puja legitimada frente a las asimetrías que se tratan de superar.
Salta, 12 de julio de 2022
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