Opinión08/02/2022

Exigencia

La falta de diálogo irrumpió en estos días como un problema del estilo de gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Las mesas de acuerdos no suelen contarlo entre sus participantes de manera habitual y las reuniones de las que forma parte suelen ser protocolares. La delegación de  la representatividad del Poder Ejecutivo en sus ministros u otros funcionarios, genera algunos inconvenientes; el Gabinete carga el peso de los cuestionamientos.

Desde su asunción, el mandatario provincial evitó un protagonismo público y su agenda de actividades no tiene peso en el desarrollo cotidiano de la acción de gobierno. En los dos años y días transcurridos desde su asunción, su presencia es potente desde los spots publicitarios que lo muestran recorriendo obras públicas o inaugurándolas, momentos en que transita recibiendo el saludo – o agradecimiento- de supuestos ciudadanos comunes. Otras versiones de su actividad son los encuentros con visitantes empinados, sean funcionarios nacionales, diplomáticos o inversores; también hay imágenes de escasas reuniones de gabinete y en este último tiempo, de visitas a despachos de ministros del Ejecutivo Nacional. 
Si bien debió enfrentar circunstancias trágicas, como la muerte de niños originarios por desnutrición en el arranque de su gobierno y la irrupción de la pandemia, solo mostró una intervención directa para asumir la responsabilidad de lo que venía, que no es poco. Si penetró en la problemática social o abrió las puertas para contener los remezones que padecen los distintos sectores de la vida provincial, lo demuestran las demandas que han comenzado a hacerse públicas.
Luego de su compromiso electoral con el oficialismo nacional, cuya contribución aportó dos de las tres bancas de diputados en juego, hoy se reclama que no hay diálogo posible pese a un cúmulo de decisiones que deberá adoptar el Congreso. La inminente es el acompañamiento a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Gobernador apoyó en el entendimiento de la conveniencia de arreglar una deuda condicionante. Desde el propio bloque del Frente de Todos, la diputada Verónica Caliva se mostró opositora porque está “en las antípodas” del lugar político y de pensamiento del mandatario. El ciudadano salteño deberá seguir sus propias conclusiones frente a la confrontación de posiciones desde un mismo sector, al que quizás haya apoyado con su voto.
No hay diálogo, fue la afirmación de la legisladora quien, por otra parte, es la autora de uno de los proyectos de aprovechamiento del litio que mayor empuje está teniendo en el ámbito parlamentario. Y no se sabe qué opinión tiene el Gobernador al respecto.
Otro tanto le ocurre al sector gremial. La CGT Salta, bajo la conducción del bancario Carlos Rodas, llegó a tener un encuentro con Gustavo Sáenz pero fue solo un cruce de promesas de un trabajo conjunto, que hasta el momento no prosperó. El diagnóstico de la central obrera y sus propuestas de resolución de conflictos inminentes, esperan algún avance conducente. Ese sector teme llegar a situaciones indeseables, que obliguen repetir actitudes de represión que no van a parar a la gente en la calle. Se pide una gestión responsable porque con 60% de informalidad, “los únicos que pierden son los trabajadores, empujados a la miseria”. A la advertencia, el dirigente gremial sumó el pedido de separar a “los ministros que no funcionan”.
La reanudación de la actividad legislativa puede servir para tender puentes si por allí se canaliza el diálogo político que se está reclamando. La crisis socioeconómica lo exige.

Salta, 08 de febrero de 2022

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