El anticipo del ministro de Salud de la Provincia va en línea con proyectos legislativos que pretenden sean tratados en la Legislatura Provincial y con una iniciativa que dos diputados del Frente de Todos presentaron en el Congreso de la Nación. Cualquier consideración debe atarse a criterios científicos y a los datos que arroja el seguimiento de contagios y fallecimientos.

Seguramente se anticipa un debate intenso en torno de un tema que la sociedad ya viene discutiendo desde la irrupción de la pandemia. En el mundo ha generado no solo una confrontación de posiciones en distintos ámbitos públicos y privados, sino también manifestaciones callejeras, algunas de las cuales cerraron con enfrentamientos.

Al parecer, la puja irá cerrando con la legislación correspondiente. Muchos países comenzaron con la imposición de un pase sanitario y la Argentina se sumó en este verano a esa decisión. Su efectividad es relativa porque demanda un gesto de alta responsabilidad social en su uso, atento a que mayoritariamente el control no es estatal. El acceso a lugares de uso público, pese a la restricción que representa el pase, no necesariamente resulta limitado.

Algunas regiones del planeta han resuelto cortar por lo sano frente a la contagiosa variante Ómiccron. Europa, por ejemplo, avanza hacia la vacunación obligatoria, mediante leyes que imponen sanciones a quienes rehúsen inmunizarse. Austria comenzará a aplicar obligatoriamente la vacuna a todos los mayores de 18 años, a partir del 1 de febrero, con la amenaza de una multa máxima de 3.600 euros por año; en Italia la obligación será para los mayores de 50 años y en Grecia, para los mayores de 60.  Francia y Alemania han dado pasos certeros con el objetivo de aumentar la tasa de inmunizados elevando las restricciones.

En este país, la iniciativa legislativa la tomaron dos diputados nacionales del oficialismo: la salteña  Verónica Caliva  y Juan Carlos Alderete, que si bien representa a la Provincia de Buenos Aires, también es salteño. El  proyecto de ley presentado busca incorporar al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 para todas las personas mayores de 18 años y para los niños de entre 3 y 17 años que presenten comorbilidades o enfermedades de riesgo.

En sus fundamentos, la propuesta no solamente contempla los resultados que se están verificando en la morigeración del impacto del Covid sobre el sistema sanitario, por la menor demanda de hospitalizaciones sino que especialmente destaca que las vacunas usadas en la Argentina han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad. Este argumento apunta a uno de los principales reparos que plantea la obligatoriedad y es que todas están en una etapa experimental. Hay otras advertencias que desalientan la obligatoriedad pero no explican, al menos por ahora, el dato subrayado por el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Infectología respecto  que más del 80% de los internados en la actualidad en la Argentina por Covid -19 no poseen vacuna o presentan un esquema incompleto contra el virus.

Las conductas sociales juegan a favor de la obligatoriedad ya que la creciente línea de contagios no desanima a decenas de miles de argentinos de participar de eventos masivos, contribuyendo a la circulación del virus. También preocupa el inminente inicio de clases, frente a la comprobación que los niños no solo se contagian sino también mueren por Covid, como acaba de suceder en Santa Victoria.

Hay que sostener el llamado al compromiso individual y comunitario con la vida. Solo se trata de desplegar conductas seguras.

Salta, 20 de enero de 2022