Voracidad
El Congreso de la Nación será convocado a sesiones extraordinarias para la próxima semana. Hay una larga lista de proyectos de interés del Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de llamar a estas sesiones, pero el mayor interés se centra en la aprobación del Consenso Fiscal, que impone modificaciones de orden impositivo y ratifica el propósito de acordar modificaciones al sistema.
La presión fiscal concentra las críticas de los empresarios. En Salta, en las últimas horas se repitieron los reclamos del comercio y de la industria, dos sectores esenciales para el crecimiento. Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, señaló que el sector es víctima de una gran presión tributaria, ya que la Provincia, la Municipalidad y la Nación se llevan el 40 o el 45 por ciento en impuestos, convirtiéndose en los socios mayores de las empresas.
La industria también denunció una situación compleja, ya que desde el inicio de la pandemia no se viene trabajando en un 100%. En ese lapso se hizo un gran esfuerzo para sostener la actividad, dijo la presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, quien marcó el impacto negativo que tienen para el sector los altos impuestos y tarifas, que tornan inviables los proyectos de crecimiento.
El Consenso Fiscal 2022, que firmaron el 27 de diciembre último el Gobierno Nacional y los representantes de todas las provincias, no despierta mayores expectativas. Es cierto que a través de este nuevo acuerdo los gobiernos se comprometieron a continuar trabajando en un programa integral cuyo objetivo es la simplificación y la coordinación tributaria federal, pero convinieron dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad a través de los Consensos Fiscales suscriptos en 2017, 2018, 2019 y 2020, teniendo únicamente como exigibles aquellos que ya se hayan ejecutado.
A través de esos pactos supuestamente se iniciaba el tránsito hacia la reducción de la presión impositiva –especialmente de cargas provinciales, que se consideran distorsivas- mediante una armonización de alícuotas en todo el país. En Salta, ello significó el incremento de las que se aplicaban a algunas actividades, con el compromiso de ir reduciéndolas progresivamente. Es cierto que también se dispuso eliminar el impuesto de Cooperadoras Asistenciales, que se efectivizó a partir del 30 de noviembre de 2019, dejando a la gestión que se inició el 10 de diciembre de ese año, la definición del financiamiento de programas sociales, como la Copa de Leche. En principio, al amparo del nuevo Consenso, no puede restablecerse el impuesto que se aplicaba sobre la nómina salarial del sector privado.
El nuevo ordenamiento que dispone el pacto firmado en diciembre pasado, genera inquietud entre los empresarios porque todo vuelve a foja cero respecto de la tarea de reducir la presión fiscal. Al contrario y a los fines de concurrir a aumentar los ingresos de provincias que demandan apoyo del Gobierno Nacional, el nuevo Consenso autorizó a las provincias a crear un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, comúnmente llamado impuesto a la herencia. Muchos gobernadores, entre ellos el de Salta, declararon no tener intención de crear nuevas cargas pero sobrevivirán las alícuotas que se incrementaron en 2017.
La puja que se da en el marco de la relación financiera Nación-Provincias no se ha resuelto de fondo a través de este tipo de pactos, que han venido firmándose desde la última parte del siglo pasado. La última reforma de la Constitución Nacional no logró el reordenamiento estructural ordenado por una cláusula transitoria cuyo plazo venció sin que se cumpliera.
En este tiempo de crisis económica, la voracidad fiscal domina las decisiones.
Salta, 18 de enero de 2022
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