Urgencia
Veintiséis días le restan a la Convención Constituyente para alcanzar su cometido de reformar parcialmente la Constitución; de ellos, 9 días son inhábiles. Por distintas razones, hay confianza en que se llegará al 20 de diciembre con un nuevo texto que contemple nuevos plazos de mandatos para funcionarios de los tres poderes del Estado.
En las filas opositores se ha destacado que se trabaja intensamente en el marco de los bloques para proponer el texto reformado de los artículos marcados por la ley que declara la necesidad de la reforma. Por el lado del oficialismo se reconoce que si no hay consenso, se va a recurrir al número que lo favorece ampliamente.
En buena parte de las comisiones sus autoridades hacen gala de tolerancia limitada; traspuestos límites tácitos los debates se cierran y se da vuelta la página para empezar otro capítulo. Es lo que señalan voceros de los grupos de trabajo que ponderan la rapidez con la que las posiciones toman forman de textos que sirven para abrir discusiones pero los consensos alcanzados son mínimos.
En el segundo plenario quedó en evidencia el clima de tensión dominante porque hay planteos que no se han resuelto o se resolvieron de manera negativa para una oposición minoritaria. Los mayores avances se registraron en la apertura hacia distintos sectores a fin de conocer la opinión de especialistas a través de exposiciones que no son vinculantes.
Ese tramo ya se cerró a instancias del titular de la Comisión de Justicia, Roberto Gramaglia, quien propuso que no se incluyan nuevos invitados a exponer, criterio que se impuso en una votación que mostró la supremacía del oficialismo en el cuerpo. De allí que esta semana las diferentes comisiones se abocaron al análisis de los proyectos de cada tema, sobre los que no hay dictámenes sino posturas sectoriales.
Solo habría una excepción en los próximos días para escuchar una opinión que favorecerá la posición oficialista en una de las polémicas más fuertes, que es la vinculada al mandato de los jueces de la Corte de Justicia. Se espera para los próximos días la llegada de Ricardo Lorenzetti, juez del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación y adherente a la perpetuidad del mandato de esos magistrados. Una posición similar sostuvo la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a través de los jueces Jorge Antonio Rojas, de Misiones; Adriana García Nieto de San Juan; Ariel Gustavo Coll de Formosa y el vocal decano de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán, se pronunció favorablemente por la inamovilidad hasta la jubilación. Señalaron que la inamovilidad no significa una garantía para los magistrados sino para los ciudadanos, que necesitan una justicia independiente; no es un privilegio del juez sino un seguro de dicha independencia.
En las otras comisiones también hay puntos fuertes que deben debatirse, como la ampliación del mandato de concejales, tema en manos del grupo de Régimen Municipal; la eliminación de la reelección del Gobernador o al menos del tercer mandato, que analiza la Comisión de Poder Ejecutivo o la integración de los organismos de control, para lo que hay que recorrer un largo trecho para acercar posiciones en la comisión respectiva. Que haya habido amplia coincidencia entre los expositores invitados respecto que el controlado no debe elegir al controlador no ha convencido mayoritariamente a quienes deben llevar adelante la reforma constitucional.
Aunque el ritmo de trabajo se ha acelerado, se trata de insistir en la construcción de consensos, cuestión sobre la que no han dado señales quienes tienen mandato para lograr una Constitución a medida.
Salta, 24 de noviembre de 2021
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