Por supuesto que la situación de la pandemia será excluyente, especialmente a la luz de nuevas decisiones consecuentes con una caída de la línea de contagios y el avance de la vacunación. La reunión se realiza en vísperas de mayor flexibilización, que aliviará la tensión social y permitirá un retorno progresivo a cierta normalidad a través de una reactivación económica que se va imponiendo por el peso de la necesidad. Los 24 ministros de Salud del país y la titular nacional del área analizarán esas cuestiones como ejes centrales pero ya comenzarán a resolver otros temas importantes, sobre los que hay una demanda tan creciente como insatisfecha. Es el caso de la donación y trasplante de órganos y el control de enfermedades como el dengue, endémico en Salta.

El respiro que da el Coronavirus permite un avance sobre decisiones que no han abandonado el plano del papel y las declamaciones. Sin dudas que un tiempo electoral no es el adecuado para trabajar en concreciones pero su alto impacto social encaja en los discursos. En la reunión del Consejo Federal de Salud de Mar del Plata se va a presentar el Plan Nacional de Políticas de Géneros y Diversidad en Salud Pública. Propone transformar las desigualdades estructurales de género y promover mejores condiciones de igualdad dentro de las instituciones, según el anuncio oficial. Dicho plan fue creado por la Resolución 1886 de Ministerio de Salud de la Nación, en noviembre de 2020. Un rápido repaso de sus objetivos generales y específicos muestra que está debidamente fundado en una situación visible por dónde se mire pero sus propósitos no difieren de muchas otras propuestas que tienen una falla de origen: son ajenas a la mayoría.

La resolución referida no es pretensiosa y solo da un marco normativo a líneas de acción que, según se expresa, se deberán ejecutar para mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención de la salud de la población travesti, trans y no binaria. En tanto, la vulnerabilidad de este grupo no se ha reducido. 

Desde la primera década de este siglo, la República Argentina trabajó seriamente en la problemática de este colectivo. Con las leyes de Matrimonio Igualitario de 2010 y en 2012, la de Identidad de Género se ubicó como uno de los países de avanzada en la materia, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o expresión de género. 

Pese a ello, esta diversidad sigue sin lograr un acompañamiento social pleno ni reconocimiento en las políticas públicas y en el abordaje de la salud. Subsisten patrones culturales que sostienen un paradigma binario, biologicista y heteronormativo, generando relaciones desiguales de poder entre los géneros y constituyendo barreras de acceso a la salud. Dos dificultades parecen por ahora de difícil resolución; una es la necesidad de recursos para atender particularidades de este grupo social como la de tratamientos hormonales e intervenciones sociales y otra, es el impulso de acciones de abordaje de las masculinidades que contribuyan a desnaturalizar estereotipos, discriminaciones y violencias. En Salta, por tercer año consecutivo se postergó el tratamiento de una iniciativa para empujar desde la educación este cambio cultural. 

El intento del confederal no necesariamente será acompañado por la voluntad política de realizarlo.

Salta, 27 de septiembre de 2021