Opinión07/09/2021

Cambio

El 23 de noviembre próximo recibirán su diploma los 21 concejales elegidos el 15 de agosto y proclamados por el Tribunal Electoral a través del Acta 8127, del viernes 3 de setiembre. La larga transición, si prospera una iniciativa que se tratará este miércoles, puede ser muy fructífera.

El Concejo Deliberante es la institución democrática más cercana al ciudadano porque interviene en las cuestiones cotidianas de la población. Sin embargo, no es un organismo menor y forma parte del gobierno capitalino desde el 24 de noviembre de 1877. En 144 años su función fue la de atender las cuestiones que en forma diaria facilitan –o complican- la vida de los vecinos. Transporte público, espacios verdes, pavimentación, alumbrado público, tránsito, salubridad figuran en la nómina de obligaciones del cuerpo.

Lo enunciado, apenas una síntesis de un extenso listado de atribuciones y deberes, dan cuenta de la compleja tarea que es responsabilidad de este conjunto de vecinos, encumbrado por la voluntad popular para tener su representación. Al Concejo se lo coloca en la base de la pirámide institucional; sin embargo, es un cuerpo colegiado pluralista, que tiene la virtud de contener la mayor cantidad de expresiones políticas y sociales que encuentran en ese foro la posibilidad de discutir sus propios problemas casi sin interferencias.

El plexo normativo de la vida citadina es producto de la actividad del Concejo; ello incluye el presupuesto de gastos y recursos y las determinaciones de orden tributario. Para el cumplimiento de su tarea de control ya debiera haber aprobado la Cuenta General del Ejercicio anterior y para el caso que no le haya sido enviada –como seguramente sucedió- exigir su remisión y pedir informes a los funcionarios responsables. Desde la convocatoria a elecciones municipales si es que no lo hiciera el Departamento Ejecutivo, a la sanción de planes de desarrollo, la autorización para contraer empréstitos y la sanción de todos los códigos que rigen la convivencia en la ciudad, todo pasa por el cuerpo.

Si se atiende a que 12 de los 21 miembros que se incorporarán en la primera semana de diciembre son oficialistas, podría considerarse que los próximos dos años no debieran ser complicados para la titular del Ejecutivo Municipal. Sin embargo, solo dos son del partido político de la intendenta Bettina Romero; el resto del oficialismo se referencia en la figura del Gobernador de la Provincia, con quien la Jefa Comunal tiene una relación de conveniencia. Las 9 bancas restantes pertenecen a la oposición, aunque ninguna expresa una posición radicalizada; más aún, parte de esa representación ya estuvo conviviendo con la actual gestión ejecutiva cumpliendo un decoroso papel de controlador.

Precisamente desde ese sector ha surgido la iniciativa de crear el Instituto de Formación Legislativa para llevar adelante la capacitación permanente, obligatoria y a su costo de los ediles. Quienes asuman esa importante función electiva deberán formarse en temáticas afines con el rol y función del organismo legislativo municipal en la gestión, formulación y control de las políticas públicas, según consigna el proyecto que será tratado en la próxima sesión. También los asesores y empleados deberán ser capacitados y si hay disponibilidad, los vecinos interesados podrán ser beneficiados con esta formación. Si va a ser la puerta de entrada a la tarea política, que la oportunidad sea para quienes demuestren más que voluntad y militancia.

El cuerpo que está en retirada no significó un escollo para la jefa comunal pero tampoco fue convocado a un trabajo conjunto para la búsqueda de soluciones a los problemas de una ciudad que no para de crecer. El que viene está obligado a cambiar esa relación para que el gobierno municipal sea efectivo.

Salta, 07 de setiembre de 2021

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