Informe
Se inicia una semana en la que se espera se esclarezca un hecho que está opacando la tarea de bajar el índice de siniestralidad vial, que está alcanzando índices más que preocupantes. Las estadísticas señalan que el 30% de víctimas fatales en siniestros de la Provincia corresponden a la Capital y es plausible cualquier esfuerzo que se haga para corregir esta situación.
A mediados de julio último se conoció por una información periodística que la Municipalidad de Salta había firmado con la Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina un convenio de Cooperación en Materia de Seguridad Vial Y Movilidad Ciudadana Sustentable. Dicho acuerdo fue aprobado por decreto fechado el 3 de junio de este año. Dicho instrumento suscripto por la intendenta Bettina Romero y el secretario Legal y Técnico Daniel Nallar no es muy generoso en detalles y al ser publicado en el Boletín Oficial no llevó como anexo el documento al que legaliza.
Frente a una ciudadanía ocupada en otros menesteres por entonces ya se avanzaba en la instalación de equipamiento digital para detectar infracciones de tránsito. Se trata de cinemómetros fijos, cámaras para registrar violación de semáforos, iluminación infrarroja y tótems, cuyo funcionamiento y mantenimiento no le significará ninguna erogación al erario municipal que, por otra parte, se asegura el 55% de la recaudación para integrar un Fondo Especial para Seguridad Vial. Con esos recursos se financiarán actividades educativas, se mejorará la cartelería y se realizarán obras necesarias para que el tránsito sea seguro.
Luego que tomara estado público a través de la prensa, el Ejecutivo comunal dio su informe demostrando con esa actitud que no tenía la intención de participar de la iniciativa ni al Concejo Deliberante ni a los vecinos en general. Su funcionamiento se iba a imponer unilateralmente, como suele hacer el Gobierno y como pretende avanzar la intendenta Romero, según puede concluirse de declaraciones realizadas la pasada semana.
No hubo ninguna referencia al cuestionamiento del cuerpo deliberativo, que le ha exigido informes que los funcionarios del Ejecutivo deberán presentar el miércoles. Tampoco dio cuenta de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas del Municipio que en una actitud poco frecuente dio publicidad a su informe sobre el convenio. El organismo objetó en tres páginas el convenio de Romero con la Cámara porque se superpone con convenios provinciales, no informa cuánto cobrará la polémica asociación y si realmente CECAITRA no tiene fines de lucro.
Ello ocurrió luego que la prensa metropolitana mostrara como un negocio "de los dos lados del mostrador" a lo que llamó multimillonario negocio de las fotomultas. Especialmente insistía en que había antecedentes en varios municipios de distintos puntos del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires y de larga data, que llevaron a denunciar a la supuesta Cámara que en verdad es una empresa comandada por un empresario tigrense, según informara la web Newsdigitales.
“No hay nada raro y es todo transparente”, dijo la Intendenta. Deberá demostrarlo este miércoles cuando presente un acabado informe a los concejales, que incluya el descargo a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Si bien suele taparse con los votos que la pusieron al mando del gobierno municipal, esa manta no le alcanzará para cubrir la inobservancia de obligaciones ante sus controladores. Y deberá informar.
Salta, 23 de agosto de 2021
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