El INADI, desde su delegación Salta, expresa su profunda preocupación por la resolución dispuesta por el Juzgado en lo Civil y Comercial en Primera Instancia, a cargo del juez Tomás Méndez Curutchet. Desde el instituto creemos que la judicialización de la soberanía de los cuerpos es una reacción antidemocrática, que atenta contra los derechos humanos de las personas gestantes.

El magistrado hizo lugar a un recurso de amparo que busca prohibirle a una joven ejercer al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610), convocando a una audiencia de conciliación, para dilatar los tiempos, volviéndolo impracticable.

Del mismo modo nos preocupa el memorándum 124/21 emitido por el Ministerio de Salud, dirigido a los responsables de todas las áreas operativas, con el objetivo de impedirle a la mujer acceder al protocolo en ningún hospital ni centro de salud de Salta.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho conquistado por las mujeres a través de su incansable lucha y ha sido largamente debatido en ambas cámaras del Congreso de la Nación, mediante el aporte de diversos especialistas, incluidos algunos del Poder Judicial. Como Estado no podemos permitir que existan retrocesos que pongan en riesgo la vida y los deseos de las mujeres.