Interés
Este miércoles, las comisiones de Energía y de Hacienda y Presupuesto de Diputados de la Nación dictamirán sobre la ley que prorroga y amplía el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que desde hace dos décadas financia compensaciones tarifarias para la Región Patagónica y Mendoza. A los salteños el proyecto le importa porque incorpora al beneficio a algunos municipios de la provincia.
La iniciativa viene impulsándose desde 2020, en el marco de la emergencia económica declarada por la gestión que encabeza Alberto Fernández pero los esfuerzos de legisladores de distintos puntos del país, se encarrilaron cuando el presidente de la bancada oficialista Máximo Kirchner tomó a su cargo la propuesta. El Gobierno Provincial hizo público su apoyo, a través de la Secretaria de Energía y Minería, desde la que trascendió el alcance del beneficio, que cubriría el consumo de unos 26 mil hogares para el caso que algunos municipios de Salta queden incluidos entre las zonas que tienen una tarifa de gas más baja por sus características climáticas.
Desde la creación del Fondo Fiduciario en 2003, la Provincia demanda un trato similar a las provincias patagónicas, teniendo en cuenta que por la sumatoria de días fríos, Salta se les equipara. En el plenario de comisiones, el diputado Andrés Zottos planteó un conjunto de inequidades que padece el distrito que representa, además de la que puntualmente reclama cuando se gestiona su inclusión en estos beneficios. En su intervención, planteó la inequidad tarifaria entre el centro y el interior del país, cuestión que se reitera ante cada gestión. Pero una de las más dolorosas es que, siendo un estado productor de gas, todavía hay amplias zonas que no tienen el servicio del fluido en el domicilio. El caso extremo es el de Coronel Cornejo, municipio productor que tiene una población de 6 mil personas a la que no llega el gas natural a sus casas, según subrayó el diputado Zottos, oriundo de San Martín.
En principio, se analizaba ampliar la reducción en un 30% de la tarifa ordinaria y de un 50% en el caso de la social, a San Juan, San Luis, a más de 50 municipios de Buenos Aires y en Salta, a los departamentos de Cachi, Cafayate, La Puna, Los Andes, Rosario de Lerma y San Carlos. Sin embargo, a poco que se le dé la media sanción de la Cámara baja, se sumó a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Jujuy.
La justicia del proyecto pareciera indiscutible teniendo en cuenta que condiciones geográficas, térmicas y productivas ameritan una tarifa diferencial. Sin embargo, autores de uno de los proyectos primigenios advirtieron que la última versión de la propuesta no se ajusta a ese tipo de criterios razonables y deja abierta la puerta para nuevas incorporaciones discrecionales. Allí se visualiza el interés electoral del oficialismo, se cuestionó. Teniendo en cuenta que no se trata de un subsidio del tesoro Nacional sino de un aporte que realizan todos los usuarios de gas natural, incluyendo los que se proveen por garrafas, se discute si se trata de una medida que apunta a restablecer el equilibrio entre regiones.
En un año de elecciones, todo se mira a través del cristal de los comicios. Y la pandemia no es una cuestión que pueda desplegarse como bandera para ganar votos.
Salta, 08 de junio de 2021
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