Expectativa por la definición de la Corte Suprema sobre las clases presenciales

La resolución es a partir del amparo que presentó el gobierno porteño para que continuara la actividad en las escuelas, al no acatar la resolución del presidente Alberto Fernández.

El máximo tribunal jugó hasta el máximo con todos los plazos: esperó la respuesta de la Procuración General de la Nación sobre la “vista” que le dio sobre el expediente, aunque esa opinión no es vinculante para los jueces. La Corte ya había recibido el descargo de la Nación presentado a través de un largo escrito a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

El máximo tribunal también rechazó el pedido del Gobierno para incorporar como “parte” en el reclamo por las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires, y le otorgó al procurador general de la Nación interino Eduardo Casal un plazo de 72 horas para que emitiera su opinión ante el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de los fiscales no llegó hasta el límite del plazo. El jueves último la Procuración dictaminó que el DNU es inconstitucional y así dejó todo listo para el fallo de la Corte.

Previo al fallo del máximo tribunal TN.com.ar pudo saber que los votos estaban listos y que solo faltaba redactar la sentencia. Fuentes judiciales le dijeron a este medio que “la Ciudad es autónoma”, y que había que “sopesar hasta dónde llega esa autonomía frente a las facultades federales que tiene el Gobierno nacional”.

Los argumentos del gobierno porteño para defender las clases presenciales

La ciudad de Buenos Aires pidió que se le ordenara al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

El gobierno porteño afirmó que el decreto viola la autonomía de la Capital Federal e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”. Sostuvo que la medida “es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias”.

La postura de Nación a favor de la virtualidad

El documento del Procurador General del Tesoro Zannini habló de la necesidad de “proteger la vida y la salud pública” y cuestionó a la administración porteña por no haber acatado las medidas dispuestas por el Ejecutivo. En el texto se planteó que la restricción “no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación” por la segunda ola de contagios de COVID-19.

Con este documento Nación acusó a la Ciudad de tener “una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”. Se indicó que “el fundamento principal” para la suspensión de clases presenciales “no fue únicamente la posibilidad de contagios” en las escuelas “sino el hecho de que la asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas”.

TN.com.ar