La Constitución es la norma más importante que una sociedad acuerda para organizar y limitar el poder, al tiempo que busca ampliar los derechos de los habitantes e incrementar su poder sobre las instituciones. Estas normas requieren de un amplio consenso de la sociedad. Lo que no ha ocurrido en este caso.

 La propuesta del gobernador no ha tenido otra finalidad que reducir el debate a dos puntos fundamentales: acortar mandatos de gobernadores, intendentes y legisladores, y aumentar el mandato de los jueces de la Corte de Justicia. Lo hizo prohibiendo toda discusión del ámbito de competencias, de requisitos y forma de designación de los jueces. Su decisión de impedir el debate fue evidente cuando ingresó el proyecto por la Cámara de Senadores, donde la diversidad política prácticamente no existe. Diferente hubiera sido el tratamiento y resultado si la Cámara de origen hubiera sido Diputados, donde existe mayor pluralidad de partidos políticos representados. Cuánto más se hubiera enriquecido el proyecto con los interesantes aportes que surgieron en el debate de los representantes del pueblo!!!

 Lo que se observó también es que en Salta, a todos los gobernadores del último cuarto de siglo, les ha sido muy fácil obtener la mayoría de 2/3 en cada Cámara legislativa, lo que significa que cualquier gobernador, y aun este mismo gobernador, podría en el futuro cercano volver a modificar la duración de mandatos que hoy quiere acotar. Este es el resultado de un sistema electoral que crea mayorías ficticias, y que viola el derecho constitucional de igual del valor del voto. Los votantes del interior, de lugares escasamente poblados, tienen mayor representación que los ciudadanos de los grandes centros urbanos.

 La decisión del gobernador de que la elección de convencionales constituyentes se realice con idéntico sistema que el de los diputados, lleva a la conclusión de que esta será una Constitución hecha a la medida del gobernador, sin posibilidad de un debate que conduzca a resultados valiosos y consensuados más allá los socios políticos del gobierno. 

 Esto que sostengo se prueba con los resultados de la elección de convencionales constituyentes del año 2003, la que elevó el mandato del gobernador a tres períodos consecutivos, cuyos convencionales fueron electos por el mismo sistema que propone la ley del gobierno: en 2003 el frente del gobernador obtuvo el 50,02% de los votos, mientras que Unidos por Salta, que nucleaba a la oposición, obtuvo el 49,98% de los votos. Sin embargo, el sistema electoral de Salta llevó al injusto resultado en la distribución de bancas. A pesar del casi empate de resultados, el gobierno se alzó con 38 convencionales, mientras que a la oposición le correspondieron solamente 22.

 La necesidad de revisar el sistema electoral de Salta es urgente, y esta era una buena oportunidad para hacerlo, si lo que se hubiera querido de verdad es que ningún gobierno, en adelante, pueda modificar la Constitución y así manipular instituciones a su antojo y en su propio beneficio. Otra provincia tendríamos con un sistema electoral más justo, donde se respetara el igual valor del voto. Estoy segura que habría más debate y por lo tanto más transparencia, menos corrupción, menos pobreza y más desarrollo. Nos alejaríamos de la perpetua amenaza del feudalismo, del nepotismo, y de la impunidad. Se clausuraría toda posibilidad de que un gobernador tuviera la mayoría de los 2/3 de cada Cámara para volver a modificar duración de mandatos y bloquear a las instituciones de control. La reforma que el gobierno llevará adelante será, en este punto, una reforma precaria.

 El segundo punto de relevancia planteado es la cuestión de la duración del mandato de los jueces de la Corte. Las voces cercanas al gobierno afirman que los jueces debieran tener mandato vitalicio para ser independientes. O que debiera volverse a la redacción de la Constitución de 1986 que señalaba que los jueces de la Corte duran 6 años en sus funciones y que, con un segundo acuerdo, tendrían un mandato vitalicio. Creo que estas posiciones son equivocadas.

 En primer lugar, los jueces de la Corte de Salta tienen competencias políticas extraordinarias, que no las tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la cual, para evitar el desbalance de poder con los otros poderes del Estado, sus mandatos deben ser acotados. Ello en tanto los jueces de la Corte de Salta pueden anular leyes y decretos generales, designan a los jueces ya que presiden el Consejo de la Magistratura, pueden sancionarlos y hasta destituirlos en tanto presiden el Jurado de Enjuiciamiento. Además de ello elaboran y ejecutan el presupuesto y, por lo tanto, deciden con qué recursos materiales y humanos contará cada juez. Como si no fuera suficiente, tienen iniciativa legislativa y todo el Poder electoral.

 Sería un suicidio de la política entregar la suma del poder público a un grupo reducido de personas que ocupan esos cargos solamente por ser amigos del gobernador que propuso su designación. A un grupo de personas que carece de control político, de control democrático, y que ni siquiera son capaces de exhibir sus recibos de sueldo. La Corte de Salta se ha convertido en una corporación, y la ciudadanía advierte que los afortunados que ganan los concursos y que ingresan como jueces, funcionarios y empleados, son siempre amigos y parientes allegados al poder, especialmente al propio Poder Judicial. Obviamente la reforma del gobernador ha errado el diagnóstico, o tiene otra finalidad no expuesta. Se ha perdido la oportunidad de incorporar la necesidad de pluralidad ideológica también en el más alto tribunal de justicia. Tampoco se ha considerado limitar en la Constitución el número de jueces de Corte, para bloquear la estrategia utilizada tanto por Urtubey como por Sáenz de aumentar el número de miembros para tener suficientes amigos en el superior Tribunal.

 La duración de los mandatos y la forma de designación de los jueces de los superiores tribunales, está siempre vinculada a las potestades. No es posible considerar la duración de mandatos sin considerar las potestades políticas. La experiencia ha demostrado que la posibilidad de un nuevo acuerdo tiene como resultado que los jueces se cuiden de enojar al poder, ya que congraciarse con el gobierno garantiza un nuevo acuerdo. Es la razón por la que las sentencias de la Corte de Salta son siempre a favor de los poderosos, a los que les garantiza impunidad, aunque se violen los derechos humanos, aunque se aparten de la Constitución y de sus propios precedentes. 

 Pero la propuesta de reforma ha omitido estas cuestiones. La duración de los mandatos de los jueces de la Corte, a mi criterio, debiera ser más extensa que la del Poder Ejecutivo,  cuidando que ningún gobernador pueda designar a la mayoría de los miembros durante su mandato, y debe ser acotada en el tiempo. Debe existir prohibición de un nuevo acuerdo para desvincular al juez de Corte del poder político de turno. De este modo se evitará la consolidación de un órgano anquilosado y detenido en el tiempo, y se  asegurará un recambio saludable que se traducirá en la incorporación a la jurisprudencia de los avances en derechos que la democracia va conquistando.

 El intento de dar perpetuidad de mandato a los jueces de la Corte, sin siquiera considerar sus potestades, hace sospechar que puedan existir acuerdos no transparentes que busquen garantizar la impunidad de los poderosos. 

Este tema recién comienza, seguiremos considerándolo.